La provincia de Tarragona registra 170 obras para retirar amianto de los edificios en el 2018

Crecen las intervenciones para retirar amianto de los edificios. En el 2018, la provincia de Tarragona registró 170 actuaciones, según datos del Departamento de Trabajo, 31 actuaciones más que el 2017. Empresas y particulares extraen este peligroso mineral de sus instalaciones para prevenir problemas futuros de salud pública.

La inhalación de una sola fibra de amianto puede acabar provocando enfermedades respiratorias como la asbestosis y también cáncer de pulmón. Este mineral, prohibido en el 2001 por la grave afectación que tiene en la salud, mata a 2.000 personas en el Estado cada año, según el Colectivo Ronda, un bufete de abogados especializado en defender casos de extrabajadores y familiares que manipulaban en las fábricas y en su casa a este silencioso asesino.

Hasta hace dos décadas, el amianto, un material muy resistente, se utilizaba habitualmente en la construcción, la industria y el consumo. En la mayoría de ciudades españolas, las fibras del mineral –incrustadas en bajantes, cañerías y terrados– conviven hoy con sus habitantes. Cuarenta o cincuenta años después, «la acción del viento, el aire y el sol degrada» este material y provoca «el final de su vida útil», asegura Sergi Roselló, técnico en prevención de salud laboral de CCOO. Cuando este material se rompe, explica Roselló, las fibras de amianto se desprenden. Si se respiran, se pueden incrustar en el pulmón y causar cáncer de pulmón, que puede manifestarse 20 años después.

El Departamento de Trabajo tiene que aprobar todos los planes de empresas y particulares que quieren retirar amianto de sus edificios. Toni Molina es propietario de una empresa de l'Hospitalet de Llobregat que retira amianto, también a la demarcación tarraconense. Batanea explica que los operarios sólo pueden trabajar cuatro horas seguidas, antes de descontaminarse. Llevan un traje protector que los cubre todo el cuerpo y una mascarilla. Su compañía trabaja en pequeñas superficies de difícil acceso. El coste para retirar un bajante de una comunidad de vecinos, por ejemplo, tiene un coste mínimo de 2.000 euros. Desde CCOO, Roselló señala que muchas empresas prefieren medir la presencia de fibras a su instalación para ahorrarse el coste. En caso de no superar el límite de seguridad establecido por el Ministerio de Trabajo, no es obligatorio retirar.

Como alternativa para proteger a los trabajadores de la exposición del mineral, las compañías tapan el amianto con una pintura especial o encapsulan el área determinada.

«Hay más preocupación»

Roselló cree que existe más preocupación entre los trabajadores. Lamenta, sin embargo, que la presencia de amianto no se aprecia como un problema «urgente». «Como la latencia de la enfermedad es muy larga, cuando esta se desarrolla, la empresa ya ha cerrado», observa.

Joaquím Pajuelo, 65 años, y vecino a buen seguro de Calafell, trabajó en la empresa Rocalla de Castelldefels (después, Uralita) entre 1973 y 1980. «Cargaba sacos de 25 kilos llenos de amianto y un molino creaba una polvareda que respirábamos constantemente», explica. En el 2015, después de sufrir un accidente de tráfico, el médico le diagnosticó una calcificación a causa del amianto. En ocasiones, puede desencadenar, con los años, un cáncer u otras complicaciones. «Me cuesta mucho respirar y me canso con cualquier esfuerzo», comenta.

A través de los abogados de Colectivo Ronda, exige una indemnización en Uralita por daños y perjuicios por haber incumplido la normativa de prevención sobre su riesgo, que ya contemplaba la legislación franquista de 1940, como explica la letrada Àngels Homedes. Pajuelo lamenta que las empresas lleguen tarde con la retirada de amianto en sus instalaciones. «Se tendrían que haber preocupado muy antes», afirma. «Si me muero, que al menos reciba un dinero para mi familia», manifiesta este extrabajador, que ya ha visto cómo más de un compañero de trabajo ha muerto a causa de estas fibras.