La fiscalía rebate la defensa de Ballesteros y el resto de imputados por el caso Inipro y pide que sean juzgados

La fiscalía de Tarragona pide que se haga el juicio oral contra el alcalde en funciones de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y la portavoz del gobierno Begoña Floria, entre la quincena de imputados por el caso Inipro de corrupción municipal por la presunta financiación ilegal del PSC, tal como ha adelantado el Diari de Tarragona. Fuentes judiciales ha confirmado a la ACN que el fiscal se opone al argumentario de las defensas que habían impugnado, a través de recursos de reforma, el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, en la cual se imputa a los investigados hasta ocho delitos. La fiscalía insta a la jueza a mantener las imputaciones y que tenga en cuenta las pruebas hechas durante la fase de instrucción. Ballesteros dice que el posicionamiento de fiscalía no les viene de nuevo y reitera su inocencia.

«Estamos pendientes de la jueza de instrucción, que tendrá que resolver sobre el recurso de amparo, y tenemos muchas esperanzas depositadas en el recurso ante la Audiencia», ha afirmado Ballesteros este martes por la mañana, preguntado por esta cuestión. El alcalde ha reiterado que demostrará su inocencia, desde una «total y absoluta tranquilidad». «En la fase de instrucción no ha salido nada que implique ninguna acción delictiva y ni siquiera irregular», ha lanzado, quitando hierro a la decisión de la fiscalía. «Era un paso formal que no aporta ninguna novedad», ha concluido.

Las defensas habían pedido que se archivaran las investigaciones y se anularan las pruebas hechas durante la fase de instrucción, pero el fiscal se ha opuesto a los argumentos de impugnación y ha instado a la jueza a celebrarse el juicio oral. Una vez se resuelva de forma firme, será cuando la fiscalía puede presentar su escrito de acusación. Entre los delitos imputados a Ballesteros hay malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

Además del alcalde, los investigados son la concejala Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente de la IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contractado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionaria municipal; Enriqueta Aznar, técnica del IMSS; y los empleados Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.

El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juez, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el qué se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC. La CUP ejerce la acusación particular en el caso.