El programa de Comuns y ERC prevé acabar con el Plan de la Budellera e instaurar comisarías de distrito

Comunes y Esquerra han establecido un acuerdo programático de 13 puntos a los cuales se comprometen por igual las dos formaciones. Esto obliga, en algunos casos, a establecer compromisos muy genéricos, pero allí donde hay un acuerdo total, la concreción es mayor.

Así, se establece el compromiso en defensa de la convivencia, la pluralidad democrática, los valores republicanos, las libertades civiles y democráticas y la memoria histórica. Se trata de conceptos muy amplios sobre los cuales no se establece una especial concreción. Eso sí, dejan claro que, teniendo en cuenta que son fuerzas políticas que representan «sensibilidades diferentes», se dan libertad de voto «en aquellas cuestiones relacionadas con la identidad nacional u organización territorial del estado».

Sí que concretan en la creación de los Consejos de Distrito como órganos estables de participación ciudadana y paso previo al establecimiento de un sistema de presupuestos participativos. Con todo, estos presupuestos participativos quedarán limitados al 1% del total de la inversión municipal.

El acuerdo programático establece también el desarrollo de un plan estratégico cultural y un plan de bibliotecas «digno». La cultura en los barrios y la dinamización del comercio local con actividades a la calle también se prevé en el acuerdo. En el ámbito del patrimonio histórico, la propuesta es realizar un análisis exhaustivo que permita «hacer la diagnosis de las necesidades de restauración y mantenimiento», que haya.

En cuanto al proyecto del Banco de España, el nuevo equipo de gobierno hace una apuesta diferente de la de un espacio de divulgación científica. El acuerdo establece convertir el edificio en un Centro cultural y Cívico la Rambla. Para discutir en una comisión de seguimiento se dejan temas que hay que «discutir» como por ejemplo el futuro del Fortín de la Reina, el edificio de la Plaza Imperial Tarraco, la Tabacalera y de qué manera se incide en otros que no son de titularidad municipal, como el preventorio de la Savinosa o la Ciutat de Repòs i Vacances.

Como que al nuevo equipo de gobierno le corresponderá la liquidación de cuentas de los Juegos Mediterráneos del 2018, el acuerdo prevé realizar una auditoría de estos, «y hacer públicas las cuentas de los Juegos». En este sentido, las dos formaciones consideran necesario hacer el seguimiento del cumplimiento de contratos externalizados «y estudiar la viabilidad de la remunicipalitzación de contratos como el de la basura o la brigada municipal».

Otro de los puntos del acuerdo programático establece el que denominan como «revolución verde». Esto incluye la progresiva incorporación de autobuses urbanos híbridos o eléctricos, el aumento de puntos de recarga de vehículos eléctricos y la realización de un estudio independiente sobre la calidad del aire.

Por otro lado, el políticas de vivienda, se establece un incremento del IBI a los pisos vacíos de los «grandes tenedores», lo cual afectará especialmente las entidades bancarias y también se incluye, a pesar de que sin concretar como se ejecutará, que se destine el 30% de los pisos de obra nueva a vivienda social.

Otro aspecto programático destacado es el relativo en la planificación y gestión urbanística. En este sentido, se establecen tres grandes prioridades: la rehabilitación de las viviendas, la cohesión de las diferentes zonas de la ciudad y la preservación de los espacios con más valor natural y paisajístico.

De este modo, y concretando, se establece que se modifique el POUM «para preservar la Anilla Verde y acabar con el plan de la Budellera». Se hace mención especial en el Barrio del Port, que se quiere que reciba la consideración de Área de Conservación y Rehabilitación. Finalmente también se prevé apostar por un modelo de policía de proximidad «priorizando la intervención y la presencia a la calle, la creación de agentes cívicos y la instauración de comisarías de Distrito».