Tarragona es la única capital sin centro de internamiento para menores

Tarragona es la única capital de provincia que no dispone de un centro de internamiento para menores que delinquen. Gran parte de los menores de la demarcación con medidas cautelares o con sentencias que implican la privación de su libertad son internados en el Centro Educativo El Segre de Lérida y en los centros de Barcelona. Para el juez de menores de Tarragona, Jesús Maria del Cacho, la falta de un centro en Tarragona representa un «perjuicio muy grave» que afecta a la reinserción de los menores. La distancia entre el centro y su casa dificulta, a veces, las visitas de los familiares.

La Generalitat defiende que Tarragona no ha tenido nunca un centro y señala que en el «actual contexto económico» el gobierno no se «plantea» abrir uno nuevo. Fuentes del Departament de Justícia destacan otras inversiones en el territorio como los 100 millones de euros de la prisión de Mas Enric, los 5,1 millones invertidos en el nuevo Palacio de Justicia de Tortosa y el nuevo centro abierto de Tarragona, cuyas obras empezarán a finales de este 2019.

Justícia coordina los programas de intervención de siete centros «educativos» repartidos por la geografía catalana. Cinco se encuentran en Barcelona: L’Alzina, Oriol Badia, Can Llupià, Folch i Torres y el centro terapéutico Els Til·lers. En Gerona se encuentra el centro Montilivi y, en Lérida, el centro El Segre. «Tarragona no tiene ni una sola plaza y eso es muy grave porque obliga a las familias de los menores internos a desplazarse hasta los centros», señala del Cacho.

La administración contempla hasta cinco regímenes de internamiento para los menores de edad, desde la permanencia sólo los fines de semana en el centro, pasando por los regímenes abiertos y semiabiertos hasta el régimen cerrado, donde el menor no puede salir del centro. El magistrado tarraconense destaca la importancia de las visitas de los padres y madres para facilitar la reinserción de los jóvenes. «Algunas familias comentan que no tienen dinero para visitar a los hijos cuatro veces al mes», asegura. El contacto con la familia, como mínimo una vez por semana, es indispensable, apunta. Hay chicos que piden cambio de centro para facilitar el transporte a su familia. «Necesitan apoyo moral y también se trabaja el retorno a casa. Las autoridades se lo tienen que tomar con mucha seriedad», pide el juez.

El año pasado 5.845 chicos cometieron algún delito en Cataluña. Sólo el 9% (536) tuvieron que ser internados en algún centro. Muchos casos no llegan a juicio y se solucionan por la vía de la mediación (1.498) y el asesoramiento técnico (1304). En régimen abierto hubo 2.507 chicos. En 5 de junio de 2019 había 281 menores internados en Cataluña. El 10%, una treintena, tienen residencia en la provincia, según datos de Justícia. Del Cacho, eleva la cifra actual hasta la cuarentena y sostiene que, en alguna ocasión, casi se ha llegado a los 50 menores internos. Los delitos más comunes entre los menores son los robos y las lesiones, casos que acaban conllevando penas de entre 9 y 15 meses en régimen semiabierto. Delitos graves como asesinatos, homicidios y agresiones sexuales implican penas de entre cuatro y ocho años de internamiento.

La reivindicación de un centro educativo viene de lejos. El juez de menores lo pide desde 2005, cuando ocupó la plaza y afirma que el magistrado anterior ya lo había propuesto. Según del Cacho, en el 2008 la Generalitat tenía pensado construir uno en un terreno situado cerca del centro de atención a personas con discapacidad Villablanca, entre Tarragona y Reus. La crisis económica habría pospuesto el proyecto que, ahora, parece definitivamente estancado. El juez, sin embargo, asegura que, recientemente, el gobierno le ha comunicado que se compromete a trabajar en el proyecto. Los técnicos (educadores y trabajadores sociales) y la Fiscalía también reclaman este recurso.

Sin plazas en Barcelona

El abogado tarraconense Joan Carles Cobo explica que el problema de plazas también afecta al centro terapéutico Els Til·lers de Barcelona. En este centro reciben un tratamiento específico para su «alteración psíquica o dependencia en sustancias tóxicas», según indica la Generalitat. Cobo lleva la defensa de un chico a quien el juez le ha impuesto una medida cautelar de seis meses de internamiento en un centro terapéutico por un delito de amenazas. Afirma que Els Til·lers está lleno y que la administración ha derivado el menor al centro Can Llupià, que no dispone del tratamiento psicológico específico. Ahora, el letrado trabaja para que su cliente cumpla los seis meses de internamiento en casa, vigilado por sus padres, y asistiendo diariamente al centro de salud correspondiente para recibir la terapia. Justícia admite que las 12 plazas del centro Els Til·lers están llenas, pero matiza que ningún chico interno con necesidades de atención mental queda desatendido.