Justicia ultima el proyecto de ley de memoria histórica que obligará a retirar simbología franquista

El Departamento de Justicia está terminando el proyecto de ley integral de memoria histórica que facultará a la Generalitat para retirar la simbología franquista de los espacios públicos, anular las condecoraciones y suprimir los nombres de calles en homenaje a personas vinculadas con dictaduras y crímenes de la humanidad. Así lo ha señalado este jueves en Tarragona la consellera de Justicia, Ester Capella, durante la inauguración de una jornada sobre la Memoria Histórica organizada por el Consejo de la Abogacía Catalana. En este sentido, el presidente de la institución, Ignasi Puig Ventalló, ha ofrecido la colaboración del Consejo en la elaboración de la nueva ley con el fin de «garantizar el cumplimiento de los derechos legítimos de la ciudadanía».

Durante el parlamento inaugural, Capella ha afianzado el compromiso del Govern en la materia y ha recordado que la nueva regulación «incorporará las tres leyes ya existentes en Catalunya e irá más allá». Así, la consellera ha apuntado que la competencia para retirar simbología fascista de los espacios públicos recaerá en la Generalitat y no se dejará la decisión «al azar de las diferentes composiciones de los ayuntamientos de todo el país. En esta línea, Capella ha reivindicado que las políticas de memoria son «estructuras de un estado democrático» y ha insistido que, más allá de quién dirija las administraciones en cada momento, tienen que conformar «una voluntad del país».

La consellera ha opinado que poner fin a la impunidad es la mejor manera de evitar que se repitan crímenes contra la humanidad y ha apelado a una ciudadanía «formada, informada y con capacidad crítica para evitar que se normalicen y repitan», y a dar a conocer la memoria histórica a las nuevas generaciones. La consellera ha recordado que este año se abrirán seis nuevas fosas de la Guerra Civil y que se han podido identificar genéticamente cinco víctimas enterradas en fosas.

Capella también ha puesto en valor la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que ha permitido anular sentencias y causas instruidas por tribunales franquistas y consejos de guerra. La consellera ha alertado pero que en el Estado español «buena parte de los obstáculos» para hacer efectivas las leyes de memoria histórica provienen «de la falta de un proceso de transición» en clave judicial. «No se emprendió una reforma institucional a fondo para acabar rompiendo con la cultura judicial del franquismo e instaurar una nueva y democrática», ha lamentado.

En este sentido, Capella ha apuntado que el auto del Supremo sobre la exhumación de Franco, que lo reconocía como jefe de estado desde el 1 de octubre de 1936, «es una muestra clara. Sin embargo, según la titular de Justicia este no es un problema de la ideología personal de los jueces, sino «de la ideología profesional presente en la judicatura que ha normalizado una interpretación del derecho que quiere ignorar la trascendencia jurídica de los crímenes del franquismo».

La Abogacía alerta de la banalización del fascismo

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Ignasi Puig Ventalló, ha ofrecido la colaboración de la institución para la elaboración de la ley integral de memoria histórica «que garantice el cumplimiento de los legítimos derechos de la ciudadanía a la reparación, a la verdad y a la justicia, especialmente de las víctimas del franquismo y de sus familias».

Durante el acto, Ventalló ha alertado del ascenso de los partidos de extrema derecha en Europa y del hecho de que «se tiende a banalizar y a trivializar el fascismo». Según el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, después de los años de la dictadura no se puede banalizar y trivializar el régimen franquista, como tampoco se puede comparar el nazismo con el independentismo, ha dicho.

Primer acto oficial del alcalde Ricomà

La jornada sobre memoria histórica ha sido el primer acto oficial del alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, el cual ha afianzado la colaboración del consistorio con el Col·Legi d'Advocats de Tarragona en la defensa de los derechos de las personas y de los animales. En alusión a la situación política de los últimos dos años y de la actualidad, Ricomà ha apuntado que «estamos escribiendo memoria». A pesar de eso, ha opinado que hay «dos maneras de explicar la historia» y que, mientras el poder judicial ofrezca una explicación determinada de los hechos, «probablemente» el pueblo tendrá otra.

Participación de Martín Pallín

La jornada, bajo el título ‘La justiciabilitat de los crímenes contra la humanidad: ¿Qué se ha hecho de la memoria histórica?' ha tenido como objetivo abordar el derecho a la memoria histórica como un derecho humano, prestando especial atención en las diferentes vías legales para poder ejercer este derecho de forma efectiva, por parte de la ciudadanía. También ha analizado las carencias del marco normativo español y catalán para poder identificar los mecanismos que haría falta implementar para poder hacer efectivo el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que garantiza la ley.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, José Antonio Martín Pallín, ha hecho la ponencia inaugural, bajo el título ‘El marco legal nacional e internacional de la memoria histórica’.