Pisos Itaca: la pesadilla de las familias estafadas continúa 20 años después en Tarragona

Veinte años después, el suplicio continúa. Después de invertir en un edificio de viviendas en el barrio Sant Ramon que no se llegó a construir, una treintena de familias estafadas, todavía reclaman el dinero invertido. Durante 18 años el inmueble estuvo abandonado, pero hace unos meses se enteraron de que un constructor lo había comprado por 400.000 euros. Ahora, los exmiembros de la cooperativa Itaca Habitatge, quieren saber dónde está el dinero de la venta del edificio, gestionado desde 2003 por un síndico después de que la cooperativa quebrara.

«Todo es un cúmulo de despropósitos. Eso es un paso más del calvario que hemos pasado», explica Antonio Jiménez uno de los exmiembros de la cooperativa. Como una treintena de familias más, Jiménez invirtió el año 2000 unos 3 millones de las antiguas pesetas (18.000 euros) para construir un edificio de viviendas de cinco plantas. Durante el transcurso de la obra las empresas constructoras denunciaban que no cobraban. La Cooperativa, que no pagaba ni a los constructores ni a Incasòl, quebró en el 2003. Un año antes, las obras ya se habían paralizado y los trabajadores dejaron el esqueleto del edificio a medio hacer en la calle Mas dels Cups. Los antiguos miembros de la cooperativa todavía culpan a Juli Carbó, entonces máximo responsable de Itaca Habitatge, de mala gestión. «El dinero de la cooperativa se utilizaba para otras cosas», asegura convencido Jiménez.

Fernando Pacheco, otro de los vecinos afectados, se enteró hace unos meses de que el edificio se había vendido a un constructor de Barcelona. Desde 2003, el encargado de gestionar el edificio era un síndico. «Nadie nos comentó nada», se queja. A través de un abogado, los afectados exigieron en octubre de 2018 al síndico información sobre la venta de la finca que se produjo en el 2017.

Después de la compra del inmueble, abandonado durante 18 años, el constructor ha reanudado las obras que, actualmente, se encuentran bastante adelantadas. Según Jiménez y Pacheco, el síndico tiene que repartir los 400.000 euros ingresados después de la adquisición entre los acreedores, principalmente las empresas constructoras que participaron en la obra, y también entre los exmiembros de la cooperativa.

En los últimos meses, las familias afectadas se han reorganizado a través de un grupo de Whatsapp. Pasaron página del engaño que, dicen, sufrieron hace dos décadas y recondujeron sus proyectos de vida hacia otros caminos. Sin embargo, la noticia de la venta del terreno ha resucitado viejos fantasmas que estas familias creían ya enterrados. «Ya no reclamamos el dinero, sino saber dónde están, qué se ha hecho», pide Pacheco, que admite, que a la hora de cobrar seguramente son los últimos de la lista. Afirma que los excooperativistas firmaron el contrato de compraventa de las viviendas y que, por este motivo, tienen derecho a saber el procedimiento de la venta.

Como muchas familias, Pacheco y Jiménez crearon una cooperativa hace 20 años con la ilusión de tener una vivienda. «Éramos jóvenes, no teníamos grandes conocimientos sobre el tema y las cooperativas estaban de moda», señala Pacheco. Los dos afectados recuerdan que otras promociones de la cooperativa Itaca en Constantí, Campclar, las Casas de Alcanar y Valls también tuvieron problemas y quedaron a medio hacer. En algunos casos, los mismos cooperativistas tuvieron que poner dinero de su bolsillo para completar las obras del edificio. Jiménez explica que, entonces, Carbó fue inhabilitado por un juez como máximo gestor de Itaca después de que los cooperativistas lo denunciaran por un presunto delito de estafa.