La oposición acusa al gobierno de Tarragona de dejarles sin voz en las empresas municipales

Primer plenario después de la investidura del alcalde Pau Ricomà y primer choque dialéctico entre gobierno municipal y oposición. Los partidos aprobaron ayer el nombramiento de las presidencias de las empresas municipales en un plenario lleno de acusaciones cruzadas entre los grupos del gobierno y la oposición. PSC, PP y Ciutadans recriminaron al nuevo ejecutivo el reparto «desproporcionado» de los miembros de los consejos de administración de las empresas municipales y lo acusaron de no dar voz a la oposición. El gobierno defiende la distribución por razones de «gobernabilidad y representatividad» y, a la vez, reprocha al antiguo gobierno del PSC la representación que otorgó al PP en el anterior mandato.

Las seis empresas con 100% del capital público tienen 15 miembros en sus consejos de administración. Con el nuevo reparto, PP, Ciutadans y el PSC se quedan sólo con un miembro en cada ente, mientras que ERC, En Comú Podem y Junts per Catalunya se reparten gran parte del pastel. Aunque el gobierno asignaba dos miembros a la CUP, los anticapitalistas lo han rechazado y se limitan a un miembro, para cumplir con una proporción más ajustada en función de sus votos.

Rubén Viñuales (Ciutadans) fue el más duro a la hora de cargar contra los dos partidos del consistorio (ERC y ECP). El portavoz mostró un cartel con dos noticias de 2016 donde Ricomà, entonces en la oposición, aseguraba que la presencia de los republicanos en las compañías públicas era desproporcionada. Viñuales anunció que su partido ha denunciado la situación al Síndic de Greuges. Ciutadans ha perdido representación, pero mantiene la presencia en varias empresas. El alcalde contestó a Viñuales acusándolo de hacer política de «cotilleo». «Usted no me tiene que decir cómo tengo que hacer política. Seguiremos fiscalizando y hablando de lo que queramos», le rebatió el de Ciutadans. El concejal alabó la cupaire Laia Estrada por actuar de manera «muy digna y consecuente», después de que la portavoz anticapitalista anunciara que, mientras este en la oposición, sólo tendrá un miembro en cada uno de los consejos de administración, aunque el equipo de gobierno las había designado dos. «No hay motivos objetivos para justificar su representación en relación a otras fuerzas que han obtenido más votos», manifiesta la formación asamblearia. Los piropos hacia la dirigente anticapitalista por parte de Viñuales no acabaron aquí. «Ojalá fuera usted la alcaldesa», llegó a manifestar el concejal del partido naranja.

La portavoz del PSC, Sandra Ramos, reprochó al gobierno municipal que la distribución «no refleja los votos de los ciudadanos». «No entendemos que la oposición quede relegada a un miembro», denunciaba desde la bancada de la oposición. Ramos puntualizó que estas no eran palabras, sino del mismo Ricomà dos años atrás.

A pesar del rechazo al reparto de las empresas, la oposición se abstuvo en la votación facilitando el nombramiento de los miembros y los presidentes. Ramos recordó que los socialistas nunca dejaron sin representación a los republicanos en las empresas mixtas. ERC ha dejado PP y Ciutadans (tercera fuerza en el consistorio con cuatro concejales) fuera de las empresas participadas por capital privado y público al 50% respectivamente. El alcalde Pau Ricomà defendió la redistribución por razones de «gobernabilidad» de las empresas públicas y reprochó al grupo socialista que en la anterior legislatura «hubieran multiplicado por cuatro» la representación del PP, su socio de gobierno.

La discusión ene l plenario fue un tira y afloja que demostró que todos los partidos mantienen una postura diferente en función de si forman parte del gobierno o de la oposición. Excepto En Comú Podem, formación nueva en el consistorio, y la CUP, el resto de formaciones se reprocharon mutuamente el reparto de miembros en los consejos de administración. «Sin oposición no hay democracia, alcalde», lanzó la portavoz del PP, Elisa Vedrina, que preguntó directamente a Ricomà por qué los populares se quedan sin representación en el Institut Municipal de l'Esport.

El concejal de Servicios Económicos, Jordi Fortuny, sin embargo, explicó que se trata de un error administrativo que resolverán para que los populares tengan representación. Los conservadores sí que se quedan fuera de ESPIMSA, la única empresa pública en la que no participan.

Ciutadans y PP dan por cerrada la oferta de mano tendida anunciada por el gobierno al inicio de la legislatura. Viñuales ironizó con las palabras de Fortuny agradeciendo que el Ayuntamiento tenga la intención de informar de los acuerdos que se tomarán en las empresas mixtas donde los naranjas no participan. El portavoz de Junts per Catalunya, Dídac Nadal, mostró su «sorpresa» por la «defensa de la pureza en la representatividad de PSC y Cs que nunca han tenido». «En política, la única cosa que no se puede hacer es el ridículo», afirmó.