Inspección de Trabajo ve fraude de ley en las becas de colaboración de la Rovira i Virgili

Inspección de Trabajo considera que las prácticas de colaboración de la Universitat Rovira i Virgili (URV) son un fraude de ley y que, en realidad, esconden contratos de trabajo encubiertos. Después de realizar una inspección entre los alumnos que se forman realizando prácticas extracurriculares en los departamentos de la URV, el caso se dirimirá en el juzgado de lo social y el juicio se podría celebrar a finales de este año.

La universidad defiende que los becarios «en ningún caso realizan funciones estructurales ni tienen la dedicación ni la exigencia propias de una actividad laboral, sino que el contrario, y que gracias a las becas de colaboración, han mejorado en el ámbito competencial», aseguran fuentes del centro de estudios. El caso afecta a las prácticas en el CRAI, a las bibliotecas o el Servicio de Atención al Estudiante.

En mayo de 2018, fruto de una campaña a nivel estatal del Ministerio de Trabajo, los inspectores preguntaron a los alumnos de la Rovira i Virgili sobre las condiciones de las prácticas. Inspección consideró que hay fraude de ley e impuso una sanción económica que la universidad recurrió. En febrero, la URV presentó alegaciones que fueron aceptadas. Entonces, la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de Tarragona de la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó que se abriera un procedimiento y el caso se derivó a la jurisdicción social.

La URV defiende estas prácticas extracurriculares que cada año realizan unos 300 estudiantes. Mientras que Inspección considera que los becarios no estarían formándose porque las tareas atribuidas tienen poco que ver con su enseñanza, la universidad defiende unas prácticas que ayudan a «mejorar la formación de los estudiantes en competencias transversales y que les ayuda a costearse los estudios y a prepararse para la ocupabilidad», explican fuentes de la facultad.

La URV recuerda que dos reales decretos, concretamente el 1791/2010 y el 592/2014 «habilitan y reconocen los becas de colaboración». La universidad tarraconense subraya que «estas actividades de los becarios no tienen que estar directamente relacionadas con la enseñanza que se está cursando, y, en cambio, forman al estudiante, dado que este adquiere unas competencias transversales». Además, de acuerdo con el Plan Bolonia, que según el centro de estudios, «reclama una formación global e integral del estudiante, con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral, estas becas han ayudado a preparar a los estudiantes con esta finalidad».

La inspección a Rovira i Virgili se produjo pocas semanas antes de la incorporación del nuevo equipo de gobierno liderado por la rectora Maria José Figueras que tomó posesión del cargo el 12 de junio de 2018. La universidad suspendió las plazas de prácticas extracurriculares para este curso 2018/2019 y no volverá a ofrecer nuevas hasta que el caso se haya resuelto. En la práctica, eso significa que el próximo curso tampoco estará la posibilidad de realizar estas becas de colaboración. Fuentes universitarias señalan que algunos estudiantes utilizan estas prácticas remuneradas para ayudar a financiarse los estudios y que, a causa de esta situación, perderán esta oportunidad. Desde la URV niegan que haya una relación laboral argumentando, precisamente, que los departamentos han funcionado este curso con normalidad sin los 300 becarios. El pasado octubre, la rectora se reunió con el jefe de la Inspección de Trabajo de Tarragona para conocer el estado de la situación.

La URV, que fue de las primeras universidades del Estado al recibir las inspecciones, comunicó la situación al Consejo de Rectores de laso Universidades Españolas (CRUE) y a la Asociación Catalana de Universidades Públicas) al darse cuenta de que el problema afectaba en todas las universidades. La CRUE ha reivindicado el valor formativo de las becas de colaboración y lo ha elevado al Ministerio de Trabajo.

Sentencia de la UAM

La URV está convencida de que el juez le dará la razón y se aferra a una sentencia reciente del Juzgado de lo Social número 7 de Madrid del pasado 19 de julio que desestima íntegramente la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En un comunicado de la misma universidad, el centro informa de que la sentencia considera que el modelo de prácticas extracurriculares de la UAM se ajusta a derecho porque las funciones ejercidas por los estudiantes en prácticas «se adaptan plenamente a la normativa que las regula, precisamente para estar totalmente desvinculadas de su formación académica, ya que tienen como objetivo el desarrollo de otras competencias transversales», entre las que figuran competencias sociales para atender al público o el dominio de aplicaciones informáticas. La Seguridad Social había demandado a la UAM y sus estudiantes por considerar que mantenían una relación laboral.