Judicial
Juzgarán una banda que regularizaba extranjeros en Tarragona con contratos de trabajo falsos
La fiscalía pide tres años y nuevos meses de prisión para los siete procesados
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Siete personas irán a juicio acusadas de regularizar extranjeros en Tarragona con contratos de trabajo falsos. La fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos por los supuestos delitos de falsedad en documento oficial y pertenencia a grupo criminal. El jefe de la banda operaba desde su despacho profesional situado en la Rambla de Tarragona, donde hacía funciones de asesoría en materia de extranjería. Según el ministerio fiscal, el hombre confeccionaba contratos de trabajo doméstico en qué figuraban como empleadoras varias personas de nacionalidad españolas ajenas al fraude y como empleados ciudadanos de nacionalidad extranjera, con lo cual daba apariencia de realidad a unas relaciones laborales ficticias.
Al menos desde el 2011 el hombre encabezaba a un grupo de personas que llevaban a cabo de manera organizada y sistemática «actos dirigidos a conseguir la regularización fraudulenta de la situación en España de ciudadanos extranjeros a cambio de determinadas cantidades de dinero», según recoge el escrito de acusación.
El principal acusado también confeccionaba y proporcionaba declaraciones de la renta falsificadas de los empleadores y el resto de documentación necesaria. Posteriormente, acompañaba a los ciudadanos extranjeros a la subdelegación del gobierno español en Tarragona. Allí solicitaba la concesión de la residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, con lo que se daba inicio al correspondiente expediente administrativo.
Para conseguir su propósito, el acusado se servía de una serie de colaboradores –de los cuales se han podido procesar cinco, mientras que el resto no se han podido identificar-. Según la fiscalía, estas personas se encargaban de captar a los ciudadanos extranjeros, a quienes vendían los servicios prestados por el jefe de la banda. A menudo los acompañaban hasta su despacho profesional o entregaban a los supuestos trabajadores los contratos o la documentación necesaria para regularizar su situación. También hacían otras tareas de intermediación, por las cuales cobraban determinadas cantidades de dinero.
La mujer del principal acusado, trabajadora en la subdelegación
El principal acusado contaba también con la colaboración de su pareja. La mujer era trabajadora de la propia subdelegación del gobierno español en Tarragona y se encargaba de gestionar el beneficio económico derivado del fraude. Así, hacía los correspondientes ingresos bancarios en cuentas de su titularidad y las transferencias en concepto de cotizaciones en la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores que figuraban en los contratos simulados. También gestionaba las altas y bajas en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores del hogar.
El escrito del ministerio público recopila que los procesados, entre mayo y noviembre de 2011, tramitaron y presentaron ante la subdelegación hasta 38 expedientes administrativos para la obtención del permiso de residencia de ciudadanos extranjeros.
Según la fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de falsedad en documento oficial con la circunstancia agravante de precio y un delito de pertenencia a grupo criminal. Por el delito de falsedad, el fiscal solicita tres años de prisión y 3.600 euros de multa, mientras que por el de pertenencia a grupo criminal, pide nuevos meses de prisión.
El caso llegará a juicio en los próximos meses a los juzgados de lo penal de Tarragona.