Las obras del nuevo centro penitenciario abierto arrancan este noviembre

Las obras del Centro Penitenciario Abierto (CPO) de Tarragona, que se ubicará al lado del Parque del Francolí, arrancarán este noviembre. Así lo aseguraba la consellera de Justicia, a Ester Capella, en la comisión de justicia del pasado 18 de julio en una pregunta de la diputada de Cataluña en Común Podemos, Yolanda López. Durante la comisión, PSC y comunes pusieron sobre la mesa la necesidad de construir el Foro de la Justicia. Las dos formaciones denunciaron que la actual dispersión de sedes judiciales provoca que en el juzgado de Tarragona las víctimas de violencia machista coincidan en el pasillo con su agresor.

La construcción del nuevo CPO tiene un presupuesto de 10 millones y la previsión de la Generalitat es que esté listo a partir de mayo de 2021. Los centros penitenciarios de régimen abierto acogen a los presos que cumplen la recta final de la condena. Estos reclusos, en tercer grado, es decir, en un régimen de semilibertad, acuden al centro para potenciar su reintegro en la sociedad.

Los vecinos de la zona se oponen al proyecto. Hace una semana, la Asociación de Vecinos de Parc Francolí de Tarragona pedía a la Generalitat que parara el nuevo centro abierto. Aseguran que la apertura de este equipamiento creará inseguridad de un barrio que está en crecimiento. Además, defienden que algunas personas están retirando el dinero de las reservas para comprar las viviendas que se encuentran en construcción porque no quieren vivir al lado del CPO.

Actualmente, la antigua prisión de la ciudad hace la función de centro abierto. Cuando el nuevo edificio sea una realidad, la prisión quedará en desuso dejando un solar que se podría convertir en el nuevo Foro Judicial, según informaba la misma Capilla. En marzo, el presidente del Audiencia provincial, Javier Hernández, calificaba de «agravio» que Tarragona no tenga la nueva sede, un hecho, decía, que «obstaculiza» la gestión de los servicios de los juzgados.

El Foro Judicial, propuesto por el expresidente José Montilla en el 2010, pretende unificar las diferentes sedes judiciales repartidas por la ciudad y por las que Justicia paga anualmente 1,2 millones de euros anuales en materia de alquiler de los edificios. En la comisión del Departamento el pasado 18 de julio, la diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra, denunciaba que, debido a la limitación de espacios judiciales, se producen situaciones en las cuales víctimas de violencia machista comparten espacio en el pasillo con sus presuntos agresores.

Desde los comunes, López, añadía que las víctimas, en muchos casos acompañadas por menores, no tienen una estancia específica y adecuada por las esperas ni dependencias para tomar declaración de forma confidencial. «Se dan situaciones de riesgo cuando víctima y agresor coinciden», señalaba. La diputada de la coalición de izquierdas aseguraba que conocen la situación a través de denuncias que les han hecho llegar desde sindicatos y trabajadores de los juzgados de Tarragona y propone reubicar espacios y los traslados de las dependencias en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Ibarra también apuntaba que los abogados tienen que atender a sus clientes en un pasillo a la salida de la puerta de emergencia y que, por este motivo, «no podemos demorar más la construcción de esta nueva sede». Sobre la demanda de la nueva ciudad de la Justicia, la consellera repite el argumento que ya utilizó hace justo un año: no hay dinero.

«El Estado cobra, no financia»

Capella argumentaba que, «a día de hoy la inversión sobre el foro judicial no se puede llevar a cabo de manera inmediata atendida la capacidad presupuestaria del Departamento». La consellera reconocía que la situación de los órganos judiciales en Tarragona «no es adecuada» y que la Generalitat estudia como mejorarla. En este sentido, defendía la inversión de los 10 millones de euros para construir el CPO, pero apuntaba al Estado como el responsable de la poca capacidad económica de la conselleria para hacer nuevas inversiones.

Capella criticó las tasas que cobra el Estado que en Cataluña representan 60 millones de euros anuales. «El Estado no presta ni financia el servicio de justicia, pero que sí que recauda, no financia. Recauda unas tasas por un servicio que no presta. El Estado cobra en Cataluña y Cataluña paga», afirmaba.

La consellera republicana calificaba la situación de «tragedia» y acusaba al Estado español de incidir en la capacidad inversora de la Generalitat. «Con 60 millones de euros que tuviéramos liberados de los presupuestos de la Generalitat podríamos construir un nuevo foro judicial para la ciudad de Tarragona cada año», explicaba.

Desde el PSC, Ibarra, criticó Capilla para «excusarse en la actuación del Estado» y le pidió que gobierne y que administre. Además, la socialista le recriminó que ERC no facilitara el gobierno de Pedro Sánchez y la invitó a aprobar los presupuestos «que nos ayuden a financiar el servicio de justicia en nuestra casa».