La ACM pide que los Mossos dejen de vigilar los juzgados permanentemente

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha impulsado una iniciativa para reclamar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que desactive la orden que obliga a los Mossos d'Esquadra a vigilar los juzgados permanentemente, el llamado dispositivo Toga, desde el febrero pasado. Barrientos tomó esta decisión después de que algunos CDR vertieran estiércol y basura delante de algunas sedes judiciales para criticar el juicio del 1-O a finales del año pasado. Ahora, la ACM ha redactado una carta que ha hecho llegar a los alcaldes y alcaldesas de los 53 municipios catalanes con juzgado con el objetivo que lo envíen en Barrientos para pedirle que haga marcha atrás, así como una moción en el mismo sentido que ha enviado a todos los pueblos y ciudades de Cataluña para que, si ocurre, sea aprobada por pleno. El Ayuntamiento de Tarragona ha sido uno de los consistorios que ha firmado la carta recibida por la ACM para reclamar que revoque la orden de protección permanente de los Mossos.

En declaraciones a ACN, el presidente de la entidad, David Saldoni, ha recordado que la orden de Barrientos hipoteca a más de medio millar de agentes de los Mossos permanentemente, dado que en algunos juzgados se tiene que hacer guardia mientras la institución judicial está en funcionamiento, pero en otros se tiene que hacer las 24 horas del día.

Las cartas se han dirigido a los municipios con juzgado, pero las mociones en todos los municipios porque «los mossos salen de Áreas Básicas Policiales (ABP) que cubren todo el territorio y, por lo tanto, todos los pueblos y ciudades resultan afectados», ha explicado Saldoni.

Además, ha subrayado que hace meses que no hay ningún incidente como los que provocaron la decisión del presidente del TSJC, incidentes que ha calificado de hechos excepcionales. Por eso, en un contexto de polémica por el aumento de la inseguridad ciudadana en Barcelona, que desde diferentes sectores se atribuye, en parte, a la falta de recursos policiales, Saldoni ha considerado que «no se puede convertir en normal aquello excepcional», y ha considerado que los agentes inmovilizados para el servicio en los juzgados podrían hacer tareas a su parecer mucho más necesarias.

Saldoni considera que, efectivamente, los juzgados tienen que tener vigilancia «como cualquier otro edificio público», pero indica que hay «otros métodos» para conseguir la misma finalidad, métodos que van «desde la videovigilancia a la seguridad privada». El presidente de la ACM ha reclamado que prevalezca «el sentido común».

En la carta que la ACM ha dirigido a los responsables de los municipios donde hay un juzgado se califica las acciones de los CDR de «protestas políticas». También se subraya que la orden «afecta de manera directa a la disponibilidad» de los efectivos de los Mossos, «dificultando» la prestación de su servicio público a la ciudadanía. También se acuerda de que hay activo un nivel de alerta de 4 sobre 5 por la amenaza terrorista.

Otro extremo que se expresa en la carta es que los mismos sindicatos de Mossos han afirmado que la operación Toga «altera las tareas rutinarias» del cuerpo policial, hasta el punto que «en muchos municipios no se pueden cubrir los incidentes del día a día ni dar una respuesta rápida y efectiva».

Mociones ya aprobadas

La iniciativa de la ACM llega después de que durante el verano algunos municipios ya hayan aprobado por pleno mociones en sentido similar, reclamando igualmente que los agentes de los Mossos destinados a vigilar los juzgados puedan ser redirigidos hacia otras tareas. Son ejemplos municipios como Breda, Fogars de la Selva, Anglès u Hostalric, los cuatro en la comarca de la Selva.