Las ayudas para pagar el alquiler en Tarragona se disparan un 160% en 4 años

El encarecimiento del alquiler registrado los últimos años dificulta cada vez más el pago del arrendamiento mensual. Las 1.780 ayudas económicas tramitadas este 2019 por la Oficina local de la vivienda son un reflejo de esta situación. Hace sólo cuatro años, el Servei Municipal de l'Habitatge de Tarragona (SMHAUSA) gestionó 663, según los datos que el concejal de Vivienda, Hermán Pinedo, ha facilitado a este diario. Así, desde 2015, los solicitantes que piden la prestación para pagar el alquiler ha crecido un 160%.

Esta prestación económica la otorga la Generalitat y los ayuntamientos las tramitan y canalizan hasta los ciudadanos que las solicitan. Se trata de una ayuda que, hasta este año, podían optar los arrendatarios que pagaban un alquiler de hasta 450 euros. Este 2019, el Ayuntamiento consiguió que el gobierno catalán ampliara el límite hasta los 500 euros de alquiler mensual.

«Nos dimos cuenta de que la gente cada vez pagaba más por el alquiler», explica Pinedo, quién recuerda que, aunque la Generalitat no disponga de presupuestos, las ayudas se abonarán igualmente a los beneficiarios. Las ayudas, que se otorgan por un año, cubren un 40% del importe del alquiler y constan de un máximo de 240 euros mensuales.

Desde 2015, las personas que piden acceder a esta prestación no ha dejado de crecer. En el 2016, el Ayuntamiento registró 1.022 expedientes, casi los dobles que 2015. En el 2017, la cifra creció hasta los 1.326 expedientes y, en el 2018, se registraron 1.482. El encarecimiento descontrolado del precio de los alquileres ha generado un nuevo perfil de desahuciado. El concejal de En Comú Podem señala que los casos de personas que son expulsadas de casa por no pagar el alquiler está aumentando. El fenómeno, asegura, es más cruento en los barrios de Ponent.

Para coordinar los esfuerzos de administraciones y entidades y ayudar con más eficacia a los casos más urgentes, el Ayuntamiento está trabajando en la creación de una mesa de trabajo que se pondrá en marcha a partir de octubre y en la que formarán parte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), SMHAUSA, el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la Alianza de la Pobreza Energética. «La intención es dar solución a estos casos», anuncia Pinedo. «Empezaremos a escuchar todas las entidades que conocen bien la precariedad con la vivienda y trabajaremos con ellas para ponernos en marcha ya», incide el concejal de Vivienda.

Más alquiler social

Actualmente hay 998 familias viviendo en un alquiler social en la ciudad. La mayoría, 775, los gestiona la Generalitat. La Borsa de l'Oficina Local de la Vivienda gestiona 104. Se trata de propietarios que ceden sus pisos vacíos al Ayuntamiento para que los gestione como alquiler social. Pinedo avisa de que el encarecimiento del alquiler ha agotado a esta tipología de parque de alquiler porque los propietarios prefieren ofrecer sus viviendas en el mercado inmobiliario, ya que es más rentable. «Tenemos más peticiones para acceder a alquiler social de las que podemos ofrecer. Ampliaremos la oferta rehabilitando edificios», informa Pinedo. El concejal de Vivienda, que hoy cumple 100 días en el cargo, anuncia un incremento de la partida de Vivienda en los presupuestos municipales de 2020. La inyección económica tendrá dos objetivos: incrementar las ayudas en vivienda social, por una parte, y potenciar la rehabilitación de los edificios antiguos donde no vive nadie para convertirlos en pisos de alquiler social.

El concejal de En Comú Podem descarta una medida que su predecesor en el cargo, el socialista Josep Maria Milà, proponía el pasado enero, cuando anunciaba la posible conversión de los locales vacíos de la ciudad en viviendas. «Desde el gobierno municipal no plantearemos esta medida, porque requiere inversión y no es una política a largo plazo, sino temporal. Preferimos rehabilitar», explica Pinedo.

Sobre el mandato del exconcejal de Urbanismo, explica que no priorizó la rehabilitación de la ciudad, de las casas en mal estado. «Queremos llenar los agujeros de la ciudad de vivienda y, en cambio, se apostó por construir nuevos barrios en las afueras. Era una apuesta legítima, pero no es nuestra apuesta. Queremos rehabilitar aquello que ya tenemos». El edil explica que hay muchos edificios sin ascensor en la Part Alta y que hay una carencia de parkings.

Posibles sanciones en bancos

Pinedo exponía el jueves pasado que Tarragona tiene 399 pisos vacíos, según un último cribado que el consistorio ha hecho en agosto. De estos, puntualiza que sólo 51 tienen cédula de habitabilidad, es decir, que cumplen las condiciones mínimas para vivir. El concejal de Vivienda tiene la intención de hablar con los bancos para conocer con exactitud cuántos pisos vacíos pertenecen a las entidades bancarias. En el futuro, Pinedo abre la puerta a sancionar bancos que tengan pisos vacíos. «Lo estamos estudiando», afirma.