Política
El pleno de Tarragona rechaza retirar la pancarta de apoyo a los presos independentistas
El gobierno municipal, Junts y la CUP giran la moción presentada por el PP
El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado este lunes retirar la pancarta de apoyo a los presos independentistas que cuelga de la fachada del consistorio. La moción del PP no ha prosperado por el voto de las formaciones independentistas (ERC, Junts per Tarragona y CUP) y de En Comú Podem (ECP). La pancarta se colocó el 25 de julio después de un acuerdo de pleno en el cual los comunes se abstuvieron y que sacó adelante por la ausencia de un concejal socialista, que desembocó en un empate que el voto de calidad del alcalde Pau Ricomà deshizo. Aparte, el PP presentó el viernes un recurso a la Junta Electoral de Zona para que instara a su retirada, coincidiendo con la entrada de un periodo electoral. Desde el consistorio se asegura de que todavía no ha recibido ningún requerimiento.
A diferencia de la votación de julio para colocar la pancarta donde ECP se abstuvo, hoy los comunes han votado en contra de retirarla. El consejero de la formación, Hermán Pinedo, ha justificado su voto por la «defensa de los derechos y libertades, y de los Derechos Humanos. Son personas que están encarceladas injustamente. Estaremos siempre en su lado», ha afirmado. El voto contrario de Pinedo ha soltado a las críticas de los partidos unionistas. El portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, ha asegurado que los comunes defienden «la poltrona». Desde el PSC, la portavoz Sandra Ramos, ha apuntado que para ECP es más importante el pacto de gobierno con ERC que sus principios. Para Ramos la presencia de la lona no es una cuestión de derechos humanos y ha reiterado que no cree que los políticos independentistas sean presos políticos. Además ha apelado a la neutralidad del consistorio. «Nos estáis robando la casa de todas y todos, y en eso no hay derecho», ha señalado.
Por parte del PP, su portavoz José Luís Martín, ha indicado que están «cansados» del uso partidista del espacio público. «Estamos sometidos a la tiranía de unos cuantos», ha dicho dirigiéndose al alcalde republicano. El plenario tampoco ha dado apoyo a una moción del PSC que defendía que hiciera falta una mayoría de dos tercios del pleno para colocar cualquier pancarta en el Ayuntamiento.
El alcalde, Pau Ricomà, ha acusado al PP de querer eliminar la autonomía municipal con el recurso a la Junta Electoral. «Saben dónde tienen los cómplices. Buscarán subterfugios legales para imponer la minoría», ha lanzado a los populares.
Desde el grupo municipal de ERC, el portavoz Xavier Puig ha adelantado que en el consistorio se colgarán otras pancartas, como alguna en apoyo de las personas refugiadas. Sobre la lona a debate, para Puig el problema «no es la pancarta sino la existencia de presos políticos en el Estado español, como pasa en Turquía». El republicano ha criticado que socialistas y populares vayan juntos para pedir que se restrinjan derechos y libertades y ha expuesto que «la neutralidad favorece el grupo opresor».
Desde Junts per Tarragona, Dídac Nadal, ha defendido que el mensaje de «libertad presos políticos» no tiene relación con el independentismo, sino con los derechos de las personas. Desde la CUP, Laia Estrada ha rechazado la «supuesta neutralidad» de otras pancartas. «La que rechaza los abusos sexuales no gusta a los machistas y la de los refugiados no gusta a los racistas», ha indicado. También ha cargado contra las lonas que se cuelgan al consistorio por Santa Tecla, algunas de las cuales llevan los logotipos de empresas patrocinadoras. Para Estrada, algunas son compañías que «envenenan» a los tarraconenses.
Rechazada una moción de apoyo a los encarcelados del 23-S
A propuesta de la CUP, se ha debatido por la vía de urgencia una moción de apoyo a los encarcelados por la operación Judas, que ha sido rechazada. En esta ocasión los dos consejeros de ECP no se han alineado con los independentistas, sino que se han abstenido. Pinedo lo ha justificado porque ha asegurado que no tiene toda la información para poder posicionar.
La moción instaba al consistorio a denunciar «la campaña de criminalización» del independentismo y «el intento» de equipararlo con el terrorismo, así como rechazar la operación del Audència Nacional y la Guardia Civil y denunciar una «deriva represiva del Estado», además de pedir que se retiren los cargos a los siete encarcelados. «No tenemos la menor duda que la operación busca sembrar el terror. Quiere prevenir las movilizaciones de cara a la sentencia», ha afirmado Estrada, que ha calificado de «montaje» la operación Judas. Además ha asegurado que es «una vergüenza» que ECP no haya votado a favor. Por su parte, Dídac Nadal ha apuntado que la Audiencia Nacional es heredera del Tribunal de Orden Público franquista y ha puesto en duda la ley y las actuaciones judiciales.
Desde Ciutadans, Rubén Viñuales ha acusado a los grupos independentistas de hacer creer en la población que hay una conspiración entre «jueces, fiscales, partidos no independentistas, policías y Doraemon», ha ironizado. Además, ha preguntado a los soberanistas: «¿Si estas personas reconocen que lo estaban haciendo, ustedes qué harán?». Sandra Ramos, portavoz del PSC, ha recordado que ellos nunca han puesto en duda el pacifismo del independentismo y ha considerado que la moción era una «violación de la separación de poderes». También ha instado a todo el mundo a condenar «toda la violencia, la efectuada y la planificada».
Críticas en el gobierno por la gestión de la crisis del anfiteatro
El viernes pasado el Ayuntamiento de Tarragona decidió cerrar el anfiteatro romano por problemas en la estructura del monumento. Tal como reconoció el consejero de Patrimonio, Hermán Pinedo, el gobierno municipal recibió el 10 de septiembre el informe que alerta de las deficiencias, pero el día 16 se celebró un acto con más de 600 personas.
Para la oposición no se actuó con rapidez y se puso en peligro la integridad física de los asistentes. Rubén Viñuales ha afirmado que todavía ahora los grupos de la oposición no han tenido acceso al estudio y ha instado al gobierno a solucionar los problemas. Para la CUP el problema viene desde hace muchos años y han considerado que durante todo este tiempo ha sido una imprudencia que el monumento estuviera abierto al público. Pinedo ha insistido que la situación se «de urgencia pero no de emergencia» y ha apuntado que se tendría que haber cerrado hace años para hacer abres.