Un juez de Tarragona archiva la causa contra 2 policías por las cargas 1-O
Considera que el uso de la fuerza fue «proporcionado»
Audiencia de Tarragona
Un juez ha archivado la causa contra dos agentes de la Policía Nacional por las lesiones causadas a una persona en las cargas durante el referéndum unilateral del 1-O en Tarragona al considerar que el uso de la fuerza fue «proporcionado».
En el acto, en lo que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha acordado archivar la investigación por la actuación policial de estos agentes al no haber quedado acreditada la comisión de un hecho delictivo, ya que» los «golpes» lo fueron en «el ejercicio legítimo de sus funciones», existiendo «proporcionalidad en la atención a la finalidad perseguida y el medio utilizado».
Los hechos se remontan al 1-O del 2017, cuando una persona herida en las cargas interpuso una denuncia contra estos agentes - defendidos por Javier Aranda, letrado del bufete AMT Advocats - por si estos eran constitutivos de un delito de lesiones.
Según el denunciante, una furgoneta de la Policía Nacional aceleró «bruscamente» contra la gente en la plaza Imperial Tàrraco de Tarragona, le clavó un «golpe en el brazo derecho» y, posteriormente, «cuatro o cinco agentes antidisturbios» se lanzaron contra él y le clavaron «diferentes golpes con la defensa policial».
El informe forense indica que las «lesiones son compatibles con los golpes efectuados por una defensa policial» y que estos no eran de «consideración».
Además, el acto señala que el uso de la fuerza cesó cuando «se obtuvo el fin que con eso se perseguía, que no es otro que el denunciante dejara de coger la defensa del agente y, por extensión, dejara de cogerlo.
Además, la resolución judicial señala que no queda acreditado, más allá de aquello manifestado por el denunciante, que el retrovisor de la furgoneta «le golpeara el brazo» ni que esta «se lanzara contra un grupo de gente».
Contra el archivo de la causa decretada por el citado juzgado, el denunciante puede interponer un recurso de reposición en el plazo de tres días desde la notificación de la resolución judicial.