La Conferencia Episcopal tarraconense dice que hay «que «respetar» la sentencia y apela a la «misericordia»

La Conferencia Episcopal tarraconense ha emitido un comunicado en el cual asegura que hay que «respetar» la sentencia del Supremo pero apela a la «misericordia» para desactivar la tensión acumulada en los últimos años y «retornar al único camino posible: un serio camino de diálogo entre los gobiernos español y catalán» que permita encontrar una «solución política adecuada». El ente también remarca que se tiene que «devolver al pueblo el sentido de futuro» y que «hace falta convencer y persuadir, hace falta el debate político y social respetuoso, hacen falta el intercambio de opiniones y la búsqueda común de soluciones negociadas». Por su parte, varias entidades cristianas en otro comunicado afirman que la sentencia es «un grave atentado a los principios democráticos esenciales de nuestra sociedad» y «una grave violación de los derechos humanos de los afectados». «Tanto por la indebida aplicación de las leyes penales a hechos que no son ni pueden ser considerados delictivos, imponiendo penas de una gran crueldad, como por las vulneraciones de las garantías procesales», insisten.

En el comunicado que han hecho llegar a los medios de comunicación, la Conferencia Episcopal tarraconense recuerda que en los últimos tiempos, la situación social y política en el país se ha vuelto «bastante compleja» pero remarca que «Cataluña no es una sociedad violenta», aunque admite que en los últimos tiempos «ha disminuido la calidad de la convivencia por la vía del enfriamiento, de la ignorancia o del menosprecio».

Con todo, dicen que la convivencia es «un bien precioso que hay que salvaguardar» y que «la persona es primero que la idea, la unidad prevalece sobre el conflicto, el todo por encima de la parte». Por eso, afirman, el instrumento «esencial» es «la palabra» y que «el diálogo se vuelve fundamental».

El ente constata «la existencia de sentimientos diferenciados y, a menudo, mezclados entre las identidades española y catalana», tal como, dicen, han mostrado los acontecimientos que se han producido en los últimos años. Entre ellos, recuerda el encarcelamiento de los miembros del gobierno y «la salida de otros a un país extranjero». «La prisión preventiva ha durado casi dos años y la hemos vivido con la pena en el corazón», insisten.

A pesar de eso, recuerdan que el Supremo ha dictado sentencia y que, «aunque hubiera legítimos recursos y se puedan hacer valoraciones distintas, hay que respetarla». «En un estado democrático, las leyes fundamentales que regulan el sistema político y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos», añaden.

Por otra parte, sin embargo, creen también por «la consecución de un recto orden social», requiere «alguna cosa más que la aplicación de la ley». En este sentido, recuerda un discurso del Papa Joan XXIII que apela a la misericordia y dicen que hace falta aplicar esta vía para «desactivar la tensión acumulada» y retornar al camino del «diálogo». «Dialogar significa renunciar en parte a lo que uno querría con el fin de aproximarse al otro e imaginar entre todos una solución satisfactoria», destacan.

También piden retornar al pueblo «el sentido de futuro» y dicen que hay que construir una sociedad justa, solidaria y respetuosa. «La sociedad catalana tiene que sacar fuera las grandes energías que posee», añaden.

«Un grave atentado a los principios democráticos»

Por su parte, diversas entidad cristianas aseguran en otro comunicado que ven la sentencia como un «grave atentado a los principios democráticos» y una «grave violación» de los derechos humanos de los afectados. «Tanto por la indebida aplicación de las leyes penales a hechos que no son ni pueden ser considerados delictivos, imponiendo penas de una gran crueldad, como por las vulneraciones de las garantías procesales», insisten.

A su entender, la sentencia es «un serio paso atrás para la solución del conflicto» y «pone en peligro la convivencia y la democracia». Por eso, dicen, «como entidades comprometidas en el servicio de la sociedad», se sumarán a iniciativas cívicas y pacíficas que expresen «un rechazo» a la decisión judicial.

Además, hacen un llamamiento a las instituciones del estado español para que busquen una solución «jurídica que lleve a la excarcelación de las personas injustamente condenadas», que permita «favorecer un clima de diálogo». «Reclamamos a todas las instituciones y partidos políticos que pongan freno a la judicialización de esta situación y se inicie de manera urgente e inmediata un proceso multilateral de diálogo político», añaden.