Urbanismo
La Generalitat adjudica las dos primeras fases del futuro Centro Penitenciario Abierto de Tarragona
El Departamento de Justicia calcula que el equipamiento estará del todo terminado a final del 2021
Tarragona tendrá un nuevo centro penitenciario abierto en el 2019
La Generalitat ha adjudicado este miércoles las dos primeras fases de construcción del Centro Penitenciario Abierto de Tarragona. La primera fase, valorada en 2,35 MEUR, incluye los movimientos de tierras y la construcción de la estructura general del edificio.
Los trabajos está previsto que empiecen en diciembre, según fuentes del Departamento de Justicia. La segunda fase, que empezaría el próximo julio y tiene un plazo de ejecución de trece meses, consistirá en la finalización del edificio, los acabados interiores y las instalaciones, por un importe de 6,8 MEUR. Una vez terminadas las dos primeras fases, se harán dos más referentes a la urbanización de la zona y a la construcción de un sótano, que está previsto que se acaben a final del 2021.
La primera fase, a la cual contribuían seis empresas, se ha adjudicado a Comsa SAU, mientras que la segunda, que había obtenido nueve propuestas, se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Comsa SAU y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SAU.
El centro abierto está expresamente diseñado para el tratamiento de los internos en régimen de tercer grado, que actualmente cumplen condena en la antigua prisión de la ciudad. Tendrá capacidad para 150 internos y será lo único de toda la demarcación de Tarragona.
El edificio, de cinco plantas, se construirá en un solar al lado de la comandancia de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana de Tarragona. Allí se trasladarán las pocas decenas de internos que quedan en la antigua prisión, que posteriormente cerrará puertas de forma definitiva. De momento, no hay previsión para el futuro Foro Judicial previsto también en la zona de Parque Francolí.
Rechazo de los vecinos
El proyecto tiene la oposición de la Asociación de Vecinos del Parque Francolí, que exige a la Generalitat que pare el proyecto porque cree que el equipamiento hará crecer la inseguridad en la zona y que la ciudad necesita otras inversiones de forma prioritaria. Los vecinos empezaron a hacer protestas semanales, cada jueves, el 10 de octubre pasado.
