Judicial
Siguen en busca y captura los miembros de la red de pornografía por no comparecer en el juicio
La fiscalía había pedido el ingreso en prisión después de que dos acusados no comparecieran el lunes a la Audiencia de Tarragona
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La Audiencia de Tarragona ha decidido mantener la situación de los tres miembros de la red de abuso de menores y de pornografía infantil de Tortosa que estaban en libertad, pero los obliga a comparecer diariamente ante el juzgado que les corresponda para minimizar el riesgo de huida. Por su parte, la fiscalía pidió el lunes el ingreso en la prisión de los tres hombres después de que otros dos acusados que también estaban libres no comparecieran al juicio. Sobre estos dos individuos, entre los cuales está el principal acusado, el tribunal ya dictó una orden de busca y captura. De momento, no se les ha localizado y no se descarta que hayan podido huir en Francia, su país de origen.
La Audiencia mantiene la suspensión del juicio hasta el próximo lunes, cuando está previsto que informe si continúa la vista sólo con los cuatro acusados que tiene a su disposición -los tres que hoy ha mantenido en libertad y un cuarto que ya se encontraba en prisión preventiva.
El juicio empezó el 30 de octubre con seis acusados. Un séptimo individuo ya había sido declarado en rebeldía antes y ahora se han añadido el principal acusado, Jean Luc A., que se enfrentaba a 1.179 años de prisión; y Christian B., para quien la fiscalía pedía 720 años de privación de libertad.
Una vez hecha la sesión de cuestiones previas, la vista oral empezó el 4 de noviembre con la declaración a puerta cerrada de los primeros testigos. Esta semana estaba previsto que declararan más víctimas de la red y el juicio se había repartido en trece sesiones, hasta el 29 de noviembre.
La fiscalía pide más de 6.300 años de prisión
Según la fiscalía, la red se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil. La alerta de un centro de menores de Tortosa permitió destapar el grupo y detener a siete personas en el 2015 en la capital del Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, Valencia y Barakaldo. La fiscalía pide 6.317 años de prisión.
La intervención de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil permitió desmantelar la red y comprobar que habían captado a los menores en Tortosa, Barcelona, Valencia, Marruecos, Tailandia, Rumania o Vietnam, entre otros lugares. Se pudieron identificar 103 víctimas, algunas de las cuales eran menores tutelados a quienes pagaban entre diez y veinte euros a cambio de actos sexuales.
