Nuevos municipios se incorporan a la Mesa de la Pobreza Energética

Representantes de Cambrils, Vila-seca y Salou y de los consejos comarcales del Baix Camp y del Tarragonès asistieron por primera vez al plenario de la Mesa de la Pobreza Energética de Tarragona y Reus, presidida por la consellera y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, Carla Aguilar y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella, con el objetivo de trabajar de manera coordinada en toda la demarcación.

En la reunión, que duró casi dos horas, asistieron unas cuarenta personas, entre representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de Tarragona, Reus y otros municipios y de la Generalitat, miembros de entidades que trabajan en este ámbito y representantes de las empresas suministradoras de energía y agua. La anterior reunión se hizo el año pasado al Mas Iglesias de Reus.

Aguilar celebró «la ampliación con estas nuevas incorporaciones de más agentes y personas implicadas en el abordamiento de esta problemática social de primer orden en nuestro territorio». «Consideramos que es un espacio de trabajo necesario porque es una problemática con una dimensión fundamental de la pobreza como lo es la energética y trasciende fronteras municipales y, por lo tanto, es muy buena toda la coordinación que podamos hacer» valoró Aguilar.

La consellera celebró la asistencia de algunas empresas energéticas pero lamentó, también, que «echaron de menos la participación de algunas otras».

Según Aguilar, las conclusiones del encuentro son que «es necesario mejorar en el conocimiento de algunos recursos y la coordinación de estos y que hay que potenciar las herramientas que ya existen en diferentes ayuntamientos para acercarnos a la ciudadanía» y, por eso, recordó también la importancia de los puntos de asesoramiento energético y de las ayudas «que ya se están dando» a hogares vulnerables.

Por otra parte, Vilella celebró también poder dar continuidad a esta mesa» y reconoció también que «conviene, desde las diferentes visiones que se puedan tener desde los consistorios podamos llegar a encontrar soluciones reales para las personas».

«Uno de los datos que llama más la atención es que, todavía ahora, un 60% de las personas que atendemos tienen derecho al Bono social y no lo tienen pedido, y eso creemos que es un error del mismo sistema», criticó Vilella, defendiendo que «no puede ser que hacemos un decreto a nivel estatal que pretende proteger las personas en vulnerabilidad para que puedan tener acceso con un coste más reducido y, a pesar de tener derecho, no lo tengan solicitado». Añadió que la mesa ayuda a dar visibilidad a estas «anomalías».