La Audiencia declara en rebeldía a los dos procesados huidos y reanuda el juicio en la red de pornografía
La causa sigue adelante con cuatro de los siete individuos que estaban acusados inicialmente
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La Audiencia de Tarragona ha declarado en rebeldía a los dos miembros de la red de abuso de menores y de pornografía infantil que el lunes pasado dejaron de comparecer en el juicio. Entonces, el tribunal dictó una orden de busca y captura y acordó suspender la vista hasta este lunes, sin embargo, dado que durante estos días no se los ha localizado, ha decidido reanudar el juicio. El caso se dirige ahora contra cuatro de los siete procesados iniciales –a otro acusado ya lo habían declarado en rebeldía antes de empezar la vista, el 30 de octubre. En caso de que los individuos huidos fueran localizados, la Audiencia no los podría volver a incluir en la vista que ahora está en marcha y se vería obligada a hacer un nuevo juicio contra ellos.
El juicio continúa contra un procesado que ya se encontraba en prisión preventiva y contra tres más con que continúan en libertad, pero están obligados a comparecer diariamente ante el juzgado que les corresponda para minimizar el riesgo de huida.
Los dos huídos, de origen francés, son el principal acusado, Jean Luc A., que se enfrentaba a 1.179 años de prisión; y Christian B., para quien la fiscalía pedía 720 años de privación de libertad.
Una vez hecha la sesión de cuestiones previas, la vista oral empezó el 4 de noviembre con la declaración a puerta cerrada de los primeros testigos. Inicialmente se preveían trece sesiones, hasta el 29 de noviembre, pero habrá que ver qué impacto tiene en la planificación esta semana de retraso.
La fiscalía pedía más de 6.300 años de prisión
Según la fiscalía, la red se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil. La alerta de un centro de menores de Tortosa permitió destapar el grupo y detener a siete personas en el 2015 en la capital del Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, Valencia y Barakaldo. Inicialmente, la fiscalía pedía, en conjunto, 6.317 años de prisión.
La intervención de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil permitió desmantelar la red y comprobar que habían captado a los menores en Tortosa, Barcelona, Valencia, Marruecos, Tailandia, Rumania o Vietnam, entre otros lugares. Se pudieron identificar 103 víctimas, algunas de las cuales eran menores tutelados a quienes pagaban entre diez y veinte euros a cambio de actos sexuales.