El secretario general del Ayuntamiento declara hoy delante la comisión parlamentaria del 155

Joan Anton Font, secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, ha sido citado para hoy martes para participar en la comisión de investigación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, convocada por el Parlament de Catalunya, que celebró la primera sesión el pasado 22 de enero y por el cual tiene que pasar una lista interminable de personas. En la amplia relación de citados inicial se encontraban Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera, Mariano Rajoy, exconsellers de la Generalitat encarcelados y, también, representantes de las administraciones públicas, de instituciones empresariales, del ámbito de la judicatura, de sindicatos e, incluso, de la Iglesia.

Font manifestó ayer en esta redacción que «fue una sorpresa» que lo convocaran. «Me imagino que la comisión quiere saber si detecté perjuicios o beneficios por la declaración del 155». En este contexto Fontañadió que, a consecuencia de la decisión del gobierno del PartidoPopular, que recibió el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, en el Ayuntamiento de Tarragona «no se produjeron afectaciones tangibles, más allá de la línea de subvenciones que no se tramitó en su momento» por la Generalitat. Font cree que la comisión pidió su comparecencia en calidad de secretario general «porque esexperto en el ámbito local», y comentó «me imagino que me preguntarán por la afectación que hubo en todas las administraciones locales».

Preguntado por los meses transcurridos desde que se inició la comisión de investigación, Font dijo que «el ritmo de trabajo es pesado porque hay mucha gente citada y la comisión se reúne los días que no hay sesión parlamentaria».

Las cosas cambian

El pasado mes de enero, cuando Font fue incluido en el listado de la comisión de investigación y la aplicación del 155 era más reciente en el tiempo, el secretario general del Ayuntamiento declaró a DiariMés que «si hace veinticinco años, en un examen, se hubiera preguntado por la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155, todos habrían dicho que era un disparate, pero ahora todos interpretan la norma como quieren, de manera interesada.»

En sus declaraciones, Font añadió que «la mayor parte de los juristas del país considera que la aplicación del 155 es inconstitucional». Cuando se elaboró la Constitución «nadie pensaba en el riesgo de ruptura del Estado español y ahora sí, en función del principio de integridad» territorial.

En una primera instancia, y cuando la aplicación del artículo 155 todavía era un asunto informativo prioritario, Font dijo que la medida adoptada por el gobierno de Madrid «afectó a la Generalitat», pero también a administraciones como el Ayuntamiento de Tarragona, «ya que todo quedó parado». El secretario general apuntó que «cada uno ofrece su visión, pero sí que ha habido afectaciones, muchas y muy importantes».

El mes de enero pasado Font consideraba que la aplicación del artículo 155 fue «un disparate jurídico». El secretario general del Ayuntamiento remarcó que «existe una presión» y, cuando se habla de la integridad de España, vale todo».