L'AMI se reúne por primera vez con el Ayuntamiento de Tarragona

La Asociación de Municipios porla Independencia (AME), encabezada por Josep Maria Cervera, su presidente y alcalde del Port de la Selva, se reunió ayer por la mañana con el alcalde Pau Ricomà en el Ayuntamiento de Tarragona. Cervera celebró este encuentro, que recordó que es el primero con el consistorio tarraconense, dentro del marco de las visitas institucionales que realiza la asociación a diferentes pueblos y ciudades de Cataluña después de las elecciones.

Cervera valoró de «hecho muy positivo» que el Ayuntamiento de Tarragona recibiera por primera vez L'AMI y aseguró que «lo que se evidencia es que se trata de un consistorio y de un alcalde que comparten los valores republicanos que promocionamos desde nuestra asociación».

Esta primera visita se redujo a una simple presentación de la entidad en el Ayuntamiento, «con la finalidad de intentar establecer sinergias para seguir avanzando hacia la constitución de la república catalana, que es nuestro máximo objetivo», señaló Cervera. De todos modos, Ricomà no trasladó la voluntad del gobierno de adherirse a L'AMI, aunque, según explicó su presidente, cuando L'AMI se presenta en los diferentes consistorios se abre esta posibilidad. «Todos sabemos cuál es la realidad de la ciudad en estos momentos y tampoco queremos ir más allá de poder establecer esta relación», sostuvo.

Cervera recordó también que esta visita ha coincidido con la sentencia del TSJC que prohíbe la adhesión de la ciudad de Reus a L'AMI. «Una vez más vemos que la justicia también se dedica a hacer política», sostuvo al presidente de la entidad independentista, y añadió que «se trata de una sentencia con muy pocos argumentos jurídicos y muchos políticos, que lo que intenta hacer es ilegalizar de facto nuestra entidad», que según Cervera es totalmente legal.

«Lo que está haciendo la justicia española es que cosas que ayer eran legales, de un día para el otro, se ilegalizan. Y un proceso que había sido normal en este país desde el 2011, que 800 municipios de este país se adhirieran a una entidad legalmente constituida y con unos estatutos validados, pues de un día para el otros dejen de serlo», finalizó Cervera, remarcando que «eso no sólo nos tiene que preocupar a nosotros como entidad sino que tiene que preocupar también a los sectores empresariales y a cada uno de nosotros».

Finalmente, dio por hecho que L'AMI recurrirá|recorrerá a la sentencia para que esta «no sea firme y poder denunciar y defender que la arbitrariedad de la justicia no puede crear esta inseguridad».