Piden prisión para el propietario del Càmping Trillas de Tamarit por hacer obras ilegales

La fiscalía pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de multa para el propietario del Càmping Trillas de Tamarit, en el municipio de Tarragona, acusado de hacer unas obras de ampliación ilegales en suelo no urbanizable. En concreto, la fiscalía lo acusa de un supuesto delito contra la ordenación del territorio, de un delito ecológico y de desobediencia por no atender las diversas órdenes de paralización que le hicieron los Agents Rurals. Según el fiscal de Medio Ambiente, la empresa levantó taludes, ensanchó caminos y deforestó bosque en suelo no urbanizable. «Las obras se hicieron sin ningún tipo de autorización, que tampoco hubieran podido obtener, ni de proyecto técnico», concluye el ministerio público. El caso se juzgará en los juzgados de lo penal de Tarragona.

Según el escrito de acusación, en julio del 2013 los Agents Rurals detectaron que el camping no había restaurado unos terrenos de la zona de los Horts de Tamarit a que estaba obligado a raíz de un expediente sancionador anterior. Además, la fiscalía sostiene que la falta de colaboración del procesado impidió que la inspección se hiciera antes.

En una nueva inspección que hicieron en septiembre de aquel mismo año, se detectó una ampliación de las instalaciones y la comunicación de diferentes zonas y niveles. Además, también se observaron trabajos con maquinaria pesada de movimientos del suelo y de excavación de taludes verticales elevados, los cuales no tenían protección contra desprendimientos. Todo, de carácter ilegal, según la fiscalía.

En concreto, en algunos casos se ensancharon caminos de 4 a 22 metros, y en otros casos, de 14, lo que supuso la desaparición de casi 9.000 metros cuadrados de zona forestal. Un informe técnico recogido por el fiscal concluía que los trabajos y la tala de árboles y arbustos «supondrá una pérdida de biodiversidad y afectará a las funciones del bosque». Al mismo tiempo, indicaba que «el estado de los caminos, la generación de terrazas, el tráfico de maquinaria pesada, así como la situación de taludes favorece el desprendimiento de tierras, poniendo en riesgo corderos y vidas humanas». También apuntaba el informe que los taludes habían agravado los procesos de erosión laminar, que podían acabar con deslizamientos en masa del terreno.

Además, el ministerio público afirma que, con la finalidad de minimizar el impacto visual y que las obras pasaran desapercibidas, la parte superior de los taludes se pintó de verde, de manera que desde el exterior del camping se confundía con la vegetación. El escrito de acusación también recoge que, en mayo del 2014 se detectó la ampliación de los taludes de varios metros de altura, la colocación de lonas de color verde de unos seis metros de altura para ocultarlo y la construcción de una piscina y de una caseta de obra auxiliar para material de construcción.

El 15 de mayo del 2014 los Agents Rurals ordenaron personalmente al propietario del camping que parara cautelarmente las obras y le advirtieron de una posible responsabilidad penal en caso de incumplimiento. A final de mayo, el Ayuntamiento de Tarragona incoó un expediente de protección de la legalidad urbanística y una orden de paro cautelar de las obras. A pesar de estas órdenes, en una inspección hecha a mediados de junio por los Agents Rurals se constató que una retroexcavadora seguía excavando y que se estaban desatendiendo reiteradamente las órdenes de paralización.

El suelo donde se hicieron las obras está catalogado como no urbanizable costero y no eran legalitzables. La fiscalía, que envía a juicio las irregularidades detectadas entre junio del 2013 y enero del 2015, concluye que las obras se hicieron sin autorización -que tampoco se hubiera podido obtener- y sin un proyecto técnico.

El ministerio público pide para el procesado dos años de prisión, multa de 7.200 euros y tres años de inhabilitación para profesión u oficio relacionados con la construcción por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Por el delito de desobediencia al no atender la orden de paralización de los agentes rurales, otra pena de multa y, por el delito ecológico un año de prisión, 4.320 euros de multa y un año y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio relacionados con actividades medioambientales.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía pide que el acusado y subsidiariamente la sociedad tendrán que restaurar las zonas afectadas por el delito en la forma que se determine por los órganos administrativos competentes en materia urbanística y de medio ambiente, así como indemnizar los daños medioambientales ocasionados en favor del Departament de Medi Ambient, en calidad de gestor, que se determine en ejecución de sentencia. Además, señala que, si la restauración no se hace en la forma indicada por el acusado, se hará a su cargo por parte del Ayuntamiento de Tarragona.

Sanción reciente del consistorio

Precisamente, el noviembre pasado el pleno del Ayuntamiento de Tarragona dio luz verde a sancionar administrativamente el camping con 900.000 euros por haber hecho edificaciones ilegales en una montaña protegida próxima. En concreto, por haber edificado sin licencia una sesentena de casas prefabricadas con porche, dos viales, módulos de servicio, una zona de acampada y una valla. El marzo pasado, el TSJC rebajó de 450.000 a 258.000 euros una sanción anterior impuesta por el Ayuntamiento en este mismo camping por haber construido una piscina ilegal.