La Audiencia de Tarragona archiva el procedimiento contra dos vecinos de Mont-roig investigados por el 1-O

La Audiencia de Tarragona ha archivado la causa abierta contra dos vecinos de Mont-roig del Camp (Baix Camp) investigados por atentado y lesiones a la Guardia Civil durante el 1-O. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la asociación de Abogados Voluntarios 1 de Octubre de Reus contra el auto de incoación del procedimiento dictado el febrero pasado para|por el juzgado de instrucción número 1 de la capital del Baix Camp.

La Audiencia descarta que la conducta de coger y estirar la porra de un agente desde detrás de una valla metálica sea constitutiva de un delito de atentado, resistencia o desobediencia grave. La sala tampoco ve que los hechos encajen en un delito leve por falta de respeto a la autoridad, dado que el nuevo Código Penal no incluye en los agentes -como sí que hacía el redactado anterior.

Además, hay uno tercero investigado que está pendiente de la resolución de otro recurso, según han confirmado al ACN fuentes jurídicas. Los tres vecinos estaban acusados de los supuestos delitos de atentados y lesiones, y la fiscalía les pedía penas de entre un año, y un año y medio de prisión. En noviembre del 2018 todos ellos se negaron a declarar ante la jueza y sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.

El auto que ahora ha revocado la Audiencia indicaba que los hechos pasaron en el instituto Antoni Ballester cuando la Guardia Civil introdujo las porras a través de una valla metálica para echar a las personas que les impedían entrar a requisar las urnas. En este momento, se apuntaba que el acusado por atentado y lesiones cogió y estiró la porra de un agente a través de una valla y que, a raíz de eso, la mano del guardia civil impactó contra la valla y le ocasionó un esguince en la muñeca. El otro estaba acusado sólo de atentado porque también habría estirado la defensa de un agente sin que este sufriera ningún tipo de lesión.

El juzgado archivó la querella contra la Guardia Civil

Por el contrario, el junio pasado el mismo juzgado archivó provisionalmente la querella contra la Guardia Civil por las cargas del 1-O en el municipio al considerar que no hay indicios de infracción penal. La resolución recogía que la actuación del cuerpo policial se amparaba en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 27 de septiembre del 2017, que no fue desproporcionada y que, en todo caso, las lesiones a los votantes serían delitos leves que no se podrían resolver por no haber quedado acreditada la identidad de los agresores.

De la misma manera, siguiendo el criterio de la fiscalía el juzgado también archivó un procedimiento abierto contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra a quienes la Guardia Civil acusaba de no colaborar para impedir la votación a Mont-roig. El ministerio público argumentaba que los agentes no obstaculizaron la acción de la Guardia Civil -que se llevó las urnas-, y que cumplieron órdenes de sus superiores. La fiscalía concluía que la actitud «pasiva» de estos agentes no era suficiente para mantenerlos como investigados y no se opuso en que el juzgado de Reus archivara el caso.

Mont-roig fue uno de los municipios donde se vivió una jornada del 1-O convulsiona. Los agentes rociaron gas lacrimógeno para poder acceder al punto de votación, según denunciaron las personas que se reunían. Además, la imagen de todos los vecinos «acompañando» a la Guardia Civil hasta la salida del pueblo se hizo viral.