Los citados por la Guardia Civil en Tarragona por los cortes en la AP-7 se acogen al derecho a no declarar

Este martes han empezado a comparecer a la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona las personas citadas por su presunta participación en los cortes de la AP-7 en la Jonquera convocados por el Tsunami Democràtic el 11 y 12 de noviembre pasado. Entre el martes y jueves se prevé la comparecencia de al menos 36 vecinos de la demarcación, según han informado las entidades que se ocupan de la defensa -Alerta Solidària, Juristes per la República y Advocats Voluntaris 1-O de Reus. Los activistas se están acogiendo al derecho a no declarar porque el caso, instruido por el juzgado de instrucción número 4 de Figueres, se mantiene bajo secreto de sumario. Con motivo de las declaraciones se han convocado concentraciones de apoyo delante de la comandancia durante las tres jornadas.

Tal como ya hicieron a mediados de enero en comarcas gerundenses, los agentes de la Guardia Civil se centran esta semana en los vecinos del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès que habrían participado en el bloqueo de la autopista. La causa esta abierta por los supuestos delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial. Las entidades de juristas han asumido la defensa de 36 personas, pero fuentes de la Guardia Civil elevan hasta 45 el número de personas citadas estos tres días en Tarragona.

Este martes es el turno de una quincena de activistas, que se están acogiendo al derecho a no declarar. «No están declarando porque ha decretado el secreto de sumario y no sabemos el contenido de las acusaciones», ha detallado Montserrat Aumatell, de Juristes per la República. Algunos de ellos fueron identificados en el lugar de los hechos y, de otros, lo fueron mediante fotografías. La abogada ha insistido en que el hecho de no tener acceso al expediente dificulta la tarea de defensa. «Entre otros aspectos se tendría que demostrar si estas personas estaban o no, y si el corte era ilegal o legítimo», ha añadido.

La Guardia Civil ha advertido a los afectados que, en paralelo a la investigación penal, también se han incoado expedientes por la vía administrativa por infracciones de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. La tramitación de estos expedientes sancionadores -que prevén multas de 300 a 30.000 euros- queda paralizada hasta que acabe la vía penal.

Esta investigación abierta por la Guardia Civil se suma a la de la Policía Nacional, que el 19 de diciembre citó a declarar dos ebrenses por el corte de la AP-7 de Salt (Gironès), convocado también por el Tsunami Democràtic desde la noche del 12 de noviembre al día 13. De hecho, un vecino de Ulldecona que tuvo que comparecer ante la policía española también lo ha tenido que hacer este martes ante el instituto armado.

Además, hay 42 personas de Terres de l'Ebre que tendrán que ir a declarar a los juzgados de Amposta por los cortes en la N-340, según denunciaron el sábado el Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l'Ebre y los Juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats. Las citaciones están fijadas los días 6, 11 y 18 de febrero; 12 de marzo, y 7 y 8 de abril.