Se doblan las peticiones de información en Tarragona para pedir asilo

En Cataluña, el año 2019, se registraron 13.270 solicitudes de asilo, es decir, de personas que habiendo huido de sus países por presunta persecución religiosa, étnica, política o sexual piden poder residir en el país. De todas estas solicitudes, 11.711 pertenecían a la demarcación de Barcelona, mientras que en la de Tarragona hubo 251. Cataluña, según la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR), es el segundo territorio del Estado con un mayor número de peticiones, que posteriormente el Estado tiene que resolver. Quien gestiona todas las solicitudes es el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que deriva las más vulnerables a programas sociales. En el caso de Tarragona, el Programa estatal de atención a personas solicitantes de asilo y refugiadas –financiado por el mismo Ministerio– se inició en mayo de 2016. Desde entonces han ido aumentando las peticiones de información. En el 2017 eran 94 las personas que iban a las oficinas de Cruz Roja a informarse sobre los trámites, mientras que en el 2018 fueron 186. En 2019, según datos de la ONG, doblaron esta cifra hasta posicionarlas 409 peticiones.

Virginia Romera es una de las solicitantes de asilo desde el año 2019. Llegada de Venezuela en febrero del año pasado –su marido trabajaba de secretario del Ministerio del Poder Popular para la Defensa hasta que renunció por discrepancias con el gobierno–, Romera vivió de sus ahorros cerca de medio año hasta que se le acabaron. Durante este periodo, hizo un curso en el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) de atención sociosanitaria, ya que en Venezuela había trabajado de enfermera en un hospital militar. Cuando se le hubieron acabado los ahorros, se dirijió a Cruz Roja, que la inscribió en el programa que consta de unos primeros seis meses de garantizar la alimentación y la vivienda y posteriormente medio año más de guiaje en la autonomía, encontrar trabajo y un nuevo hogar.

«No teníamos nada, no éramos ricos ni nada, vivíamos por las cajas de alimentos que nos daba el gobierno y cuando mi marido renunció nos quitaron todos los beneficios», relata Romera, que después de haber pasado por Barcelona y Reus ahora vive con su familia en Tarragona. «Teníamos una vida estable, cuando la crisis se agudizó era difícil encontrar batería o el caucho de los neumáticos y los supermercados estaban vacíos, no podía comprar lo que quisiera», continúa, «un día, volviendo a casa, vimos que nos habían entrado a robar, todo el mundo sabía que había estado la policía. Algunos decían que denunciáramos, pero ¿a quién reclamas cuando son ellos mismos?», concluye. Fue en este momento cuando decidió dar el paso y cruzar el océano Atlántico.

Se aprueba una pequeña parte

«Ella tuvo suerte», comentan Marta Flores, técnica de empleo, y Emma Pérez Pla, referente de las personas refugiadas, las dos de Cruz Roja. Y es que en algunos casos de peticiones de asilo, las resoluciones llegan antes ni siquiera que la persona pueda acogerse a programas sociales. Precisamente el CEAR lamenta que la cifra de aprobaciones se situó en el 5% en el 2019. El tiempo que pasa desde que se solicita hasta que se dicta la resolución permite a estas personas tejer arraigo social, un aspecto que se valora para conseguir el permiso de residencia y de trabajo a partir de los tres años de estancia en el país. En el 2019, el Ministerio del Interior tenía 124.025 expedientes pendientes de resolver por todo el Estado.

El fenómeno de Latinoamérica

Uno de los motivos que justifican el incremento de peticiones de asilo es la inestabilidad en varios países de la América del Sur. En el conjunto de España, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitudes fueron Venezuela, con 40.906; Colombia, con 29.369; Honduras, con 6.792; Nicaragua, con 5.931, y el Salvador, con 4.784. De esta manera, el 80% de las 118.264 solicitudes fueron presentadas por personas de la América Latina. Al mismo tiempo, siguen llegando refugiados de Siria, donde continúan las acciones bélicas, pero mayoritariamente lo hacen a través de aviones puestos por el gobierno español desde los campos instalados en otros países y con la solicitud ya aprobada. Por último, otro foco geográfico desde donde llegan es Ucrania y Rusia, donde también continúan las hostilidades en la zona fronteriza o donde hay persecución contra los testigos de jehovà.

Cruz Roja no escoge quien entra en su programa –Tarragona es una de las dieciséis provincias que dispone–, de 41 plazas, sino que es el Ministerio. Los beneficiarios reciben también asesoramiento en materia laboral y cursos de capacitación. En este sentido, la ONG destaca que cuenta con un 78% de inserción laboral una vez finaliza el programa. Para eso, cuentan con la colaboración de 173 empresas, que los tienen en cuenta de cara a nuevas ofertas de trabajo. Es el caso de Virginia Romera, que trabaja en la Xarxa Sanitària Santa Tecla. La Diputación de Tarragona colabora con la ONG con el programa de Itinerarios laborales para personas solicitantes de asilo –con 50.000 euros.

La otra vertiente es la mediación para que puedan encontrar una vivienda de alquiler. Algunos propietarios confiesan que tienen miedo de que no los paguen y, por eso, al oír la palabra refugiado, les «cuesta» más. Todo, aparte de permitir romper la barrera del idioma. «A todo el mundo le cuesta aprender una lengua en seis meses, a veces es indispensable un acompañamiento», destaca a Emma Pérez.