Concentración ante el juzgado en defensa del comité de BIC Iberia

El conflicto que mantienen desde hace meses la dirección de BIC Iberia con los representantes del comité de empresa, a los cuales abrió un expediente sancionador de sueldo y trabajo por espacio de 28 días, volverá al Juzgado de lo Social número 3 de Tarragona el próximo lunes, día 24 de febrero. A las 9 de la mañana están convocados los trabajadores de la empresa ante el juzgado para apoyar los miembros del comité de empresa, que piden la nulidad de la sanción.

La discrepancia entre las dos partes se inició en 2018, durante la negociación del nuevo convenio colectivo. Según la versión que hicieron pública los sindicatos, la dirección de Tarragona habría presionado a los trabajadores para aceptar determinadas condiciones y estos enviaron un correo electrónico a la sede del grupo, en Francia, para quejarse. La dirección de la fábrica tarraconense respondió con la sanción a los nueve miembros del comité. La vista se tenía que hacer el 17 de julio del año pasado, pero el juez tomó la decisión de suspender el juicio e instó a las dos partes a llegar a un acuerdo, hecho que no prosperó. Es por este motivo que el juicio se hará el lunes de la próxima semana.

En aquella ocasión, la dirección de BIC Iberia emitió un comunicado en el cual afirmaba que el caso nació a partir «de una serie de acusaciones y difamaciones muy graves y continuadas» del comité de empresa «contra un empleado de la compañía». Este fue el motivo que originó la sanción. BIC Iberia no otorgó ninguna credibilidad a las acusaciones de los trabajadores.

Juan Luis Canton, responsable del sector energético de UGT-METE, ha manifestado este jueves en esta redacción que el posicionamiento adoptado por la empresa «no tiene ningún sentido». Canton ha recordado que «fue el juez quien, después de la presentación de la exposición de motivos, pidió a las partes que dialogara». El representante sindical ha añadido que «la solución es sencilla, pero la empresa no quiere que haya ningún tipo de diálogo». «El caso se tendría que haber resuelto de manera interna, en la empresa», ha apuntado.

En opinión de Canton, «la sanción que impuso la empresa, que está paralizada desde el momento que los trabajadores presentamos la demanda, es desproporcionada, ya que se puso por comentarios que se hicieron en un comunicado enviado a los trabajadores».

Canton ha insistido en el hecho de que en el juicio previsto para julio del año pasado fue suspendido por el juez «porque no tenía ningún sentido llevarlo|traer a la sala». El representante del colectivo de trabajadores ha lamentado que «la empresa no tiene voluntad de dialogar, pienso que tendría que haberse mostrado sensible y no llegar a la sanción».