El Ayuntamiento de Tarragona abre 152 expedientes por abandonar residuos en la vía pública en siete meses

El Departamento de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Tarragona y la Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Urbana han impuesto 152 sanciones en empresas y particular en siete meses por vertidos de residuos en la vía pública.

Este es el balance que ha hecho público este jueves el consistorio de la campaña iniciada el verano pasado y que pretendía actuar contra el incremento de los vertederos ilegales e incontrolados que estaban proliferando en Tarragona.

Según los datos municipales, de las 152 sanciones impuestas, la más importante es la de 4.001 euros a una empresa de construcción que vertió escombros a un solar municipal al lado del Lidl de les Gavarres.

Ocho sanciones han sido a particulares por verter escombros y voluminosos y una sanción en una empresa de jardinería para dejar poda en la vía pública, justo al lado de un contenedor colocado a tal efecto. El resto de sanciones, 142, fueron para dejar residuos o bolsas de la basura fuera de los contenedores cuando estos no estaban llenos.

Los importes de estas sanciones han ido de los 300 euros de multa por el vertido de escombros y voluminosos, hasta los 100 euros en los casos de basura fuera de los contenedores.

El concejal responsable de la limpieza, Jordi Fortuny, explicaba también que el consistorio «ha incrementado los equipos de limpieza en dos cada día y un día más de servicio cada semana», refiriéndose a los equipos de recogida de residuos incontrolados.

El Ayuntamiento recuerda que el incremento de desperdicios en la vía pública fuera de horario y lugar provoca un elevado sobrecoste del servicio de recogida, dificultades en la circulación, «perjudica la imagen de la ciudad e, incluso, hace aflorar muchos vertederos incontrolados de residuos de la construcción e industriales en polígonos industriales y diferentes puntos del término municipal».

Manel Castaño, concejal de Seguridad Ciudadana, explicaba que desde la unidad de Medio Ambiente de la Guardia Urbana se hacen inspecciones de paisano para controlar los puntos negros de la ciudad. «El objetivo es fotografiar, informar y sancionar a los infractores con multas que pueden llegar hasta los 4.000 euros. Ya tenemos resultados porque se han controlado cerca de 200 puntos negros repartidos por la ciudad, barrios y polígonos industriales,» indicaba Castaño. Y añadía que el caso más reciente ha sido la identificación de una persona que vertió ilegalmente escombros en el río Francolí, un caso que denunció a un vecino a través de las redes sociales.