Monte: «Emplazamos a los bancos con pisos ocupados en el Serrallo en que actúen»

El concejal de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, quiere acabar con la problemática que sufre el barrio del Serrallo por la ocupación de varios pisos de un bloque de viviendas localizado en la calle Sant Andreu, muchos de los cuales son propiedad de dos entidades bancarias. Puig manifestó en esta redacción que «nos preocupa de verdad los daños y las molestias que la gente que ocupa las viviendas están causando en el resto de gente del barrio y a la comunidad de vecinos, porque están intoxicando la vida normal del Serrallo con peleas, actos de incivismo y generando suciedad». De hecho, la calle que hay en paralelo al trazado ferroviario, donde se encuentra el edificio problemático y que hace esquina con Sant Andreu, está cerrada al tráfico de personas desde el pasado verano y llena de desperdicios. El Ayuntamiento tomó esta medida por seguridad, ya que desde las viviendas se tiran objetos a la calle, la cual supondría un peligro para las personas que pudieran pasar por lo mismo. Una valla metálica en los dos extremos de la calle impide el acceso.

Puig informó de que la intención del Ayuntamiento «es citar los bancos, que tienen muchos pisos en el bloque de la calle Sant Andreu, para hablar de la situación». El concejal de Territorio añadió que «los emplazamos en qué denuncien a la gente que está ocupando las viviendas». En este contexto, el concejal republicano añadió que «las entidades bancarias tienen su parte de responsabilidad y esta es mucha, ya que también son muchos los pisos que tienen ocupados». «Tienen que velar por la seguridad», remarcó.

Por otra parte, Puig dijo que los bancos «son grandes tenedores y tienen que actuar para acabar con la ocupación de los pisos, para que la gente que viven allí están haciendo mucho daño al Serrallo».

A inicios del pasado mas de enero el Ayuntamiento concedió un plazo de dos meses a los propietarios del bloque de la calle Sant Andreu que corresponde a los números 2 y 4 a fin de que procedan a la «rehabilitación de la totalidad de la estructura del edificio», dijo en aquella ocasión. La medida llegó «después de varios requerimientos no cumplidos», informó, y explicó que «ha ordenado a la comunidad de propietarios de este edificio que tienen un plazo de dos meses por adoptar las medidas establecidas por los servicios técnicos de Urbanismo a fin de que hagan las obras de rehabilitación de la totalidad de la estructura del edificio». Transcurrido este periodo, Puig comentó todo «sigue su trámite administrativo».