«Un 90% de los bares y restaurantes de Tarragona tendrán que hacer un ERTO»

Hasta un 90% de los bares y restaurantes de la ciudad de Tarragona tendrán que recurrir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para subsistir durante la crisis sanitaria del coronavirus, según Javier Escribano, presidente de la Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat (AEHTC). Desde que se decretó el Estado de Alarma, todos los bares y restaurantes tuvieron que bajar la persiana y, el hecho de no saber cuánto durará esta situación, ha obligado a muchos propietarios a tener que enviar a sus trabajadores en paro.

«Esta situación ha llegado en muy mal momento, ya que venimos de una época deficitaria para estos negocios y las arcas de los bares y restaurantes están prácticamente vacías», dice Escribano. Al final es como un pez que se muerde la cola. Los trabajadores tienen que pagar sus gastos de alquiler o hipoteca, pero los negocios no pueden mantener sus sueldos sin generar ingresos. Es por eso que en muchos casos la mejor opción es el ERTE por fuerza mayor en que el trabajador cobra el 70% de la base reguladora y el Estado exonera al empresario de la cuota de la seguridad social.

Escribano defiende que las ayudas de las administraciones a los autónomos serán esenciales para que estos se recuperen una vez pase la crisis. De hecho, celebra y encuentra lógicas las medidas del Ayuntamiento de Tarragona con las cuales los bares y restaurantes no tendrán que pagar ni la tasa de las terrazas ni la de la basura. El presidente de la AEHTC sin embargo, cree que –y también depende del consistorio– tendrían que aplazar la tasa del agua del mes de febrero y eliminar las de los meses en que los negocios no puedan abrir.

Al respecto, el presidente de Ematsa y concejal del Ayuntamiento, Jordi Fortuny, asegura que desde el consistorio se está trabajando por un plan de choque para paliar los efectos económicos negativos que el coronavirus ha tenido sobre el comercio, donde incluye bares y restaurantes.

Además, remarca que Ematsa dispone de un paquete presupuestario de 150.000, el cual se podría ampliar, para diferentes situaciones de gente vulnerable, y que también se podrá destinar a las graves afectaciones de esta crisis. Finalmente, Escribano reconoce que uno de los principales gastos que tienen los propietarios de bares y restaurantes es el alquiler del local, pero reconoce que la de no pagarlo es una medida que tendría que tomar el Estado español.

Carlos Bahía, propietario del restaurante Pepita y de Maria Castaña, ha tenido que hacer un ERTE en los dos negocios que afectan a un total de 10 trabajadores. «Nos encontramos desamparados, no sabemos qué hacer», lamenta Badia, que subraya que «tenemos gastos fijos que tenemos que seguir pagando como el alquiler, la luz o la comida que hemos tenido que tirar, que entre los dos locales sube a unos 2.000 euros». Aunque celebra y agradece al propietario del local del Maria Castaña que «sólo nos ha cobrado, sin pedirle, el alquiler proporcional a los días que hemos estado abiertos este mes», Badia asegura que todo «nos costará entre 7 y 8.000 euros, aproximadamente».

Por otra parte, José López, propietario de la Caseta de les Tres Bessones, que se encuentra en la plaza del Fórum, destaca que en los 45 años que lleva en la hostelería «nunca había visto una cosa como esta». Lamenta que la afectación es «total», pero también dice que sólo tiene un trabajador y esperará a ver cómo evoluciona la crisis antes de recurrir al ERTE. Sin embargo, López es optimista y cree que es el momento de «la solidaridad y la esperanza», y añade que a partir de esta crisis «se verá dónde están las grandes desigualdades».