Los residentes de último año reclaman el título para «ser más útiles» al sistema

Entre 70 y 100 médicos residentes de último año de los hospitales de la demarcación de Tarragona se ven afectados por la orden del Ministerio de Salud que, coincidiendo con el estado de alarma, prorroga su estancia en los centros sanitarios por tres meses ampliables. Si la orden no se hubiera producido, todos ellos habrían recibido la titulación de especialistas al principio de mayo y se habrían convertido, por lo tanto, en médicos adjuntos. Pero a través del acuerdo del Ministerio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de marzo y que ha llegado tan sólo un mes y medio antes que se titularan, el gobierno estatal los congela en la situación actual y se reserva el derecho a desplazarlos a otras comunidades autónomas donde se considere necesaria su intervención para contener el coronavirus.

Con «más del 95% de la formación ya realizada, después de seis años de carrera, uno de oposición y cuatro o cinco años de especialidad,» los residentes se oponen, reclaman que se les concedan los títulos y recuerdan que «tenernos como médicos adjuntos, con libertad de movimientos y decisión, beneficiaría la respuesta del sistema sanitario mucho más que mantenernos como estamos ahora, siempre bajo supervisión», explica en el Diario Más una residente de último año del Hospital Joan XXIII.

El colectivo lamenta que «una prórroga de la formación tal como se ha hecho ahora tendría que ser para seguir enseñándonos pero este no es el objetivo del orden» y subraya que, aunque el gobierno no les da la consideración de médicos, adjuntos, sí que los encuentra preparados para afrontar el abordaje de la pandemia «con todo lo que eso comporta». «Es más lógico, en el punto donde estamos, que nos den el título,» añade esta residente que habría obtenido el suyo el día 5 de mayo y habría puesto fin al periodo de formación el 26 del mismo mes.

Algunas especialidades concretas

La orden ministerial que alarga las residencias está dirigida a una serie de especialidades concretas: Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. Son algunas «muy amplias y que suponemos que se necesitan para cubrir las deficiencias del sistema sanitario».

Por lo tanto, habrá algunos residentes de último año que sí que se titularán mientras el resto no lo hagan. También habría enfermeros en este mismo escenario. La cuestión económica también es relevante, ya que un residente cobra habitualmente «unos 1.000 euros brutos, si no hace guardias» y las diferencias con el sueldo de los adjuntos son sensibles. Además, «los residentes estamos atados a un hospital concreto».

A pesar de haber previsto en primer término un periodo de tres meses, este «se puede ir prorrogando de tres» de manera que los especialistas seguirían haciendo su residencia «hasta que el estado de alarma acabe o hasta que el gobierno crea que tiene que ser así». De hecho, la disposición detalla que «las medidas incluidas en la presente orden resultarán de aplicación por un plazo inicial de tres meses a partir de su entrada en vigor, pudiendo ser prorrogadas por el titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.

«De entrada, la cosa ya se alarga hasta el 15 de junio cuando nosotros habríamos obtenido el título el 26 de mayo», explica esta residente, que valora que «por eso, habría sido mucho más sencillo hacer una evaluación expreso y que el sistema sanitario pudiera disponer de más médicos residentes con estas capacidades llenas».

Las «necesidades asistenciales»

En relación a la posibilidad de trasladar personal en otros centros sanitarios donde se considere que es conveniente su colaboración, el Ministerio especifica a la orden que Salud «gestionará las solicitudes de las comunidades autónomas o de los centros de la Administración General del Estado que, no contando con residentes en formación, precisen de los servicios de estos profesionales. A este efecto, el Ministerio de Sanidad contactará con aquellas comunidades autónomas a las cuales, en atención a su situación particular, les pueda ser solicitado el traslado de residentes en otra comunidad autónoma con mayores necesidades asistenciales». En la demarcación de Tarragona hay entre 70 y 100 residentes que han quedado atrapados en este contexto y, en el global del Estado «serían en torno a 7.000».