Economía
Abertis pide alargar la concesión de la AP-7 para compensar el descenso del tráfico
Eso supondría que el tramo entre Tarragona y La Junquera siguiera siendo de pago después del 1 de septiembre de 2021
El confinamiento decretado por el Estado para combatir la covid-19 ha motivado que la afluencia de tráfico sea mucho más baja de lo habitual durante estas semanas y eso ha llevado a Abertis a pedir al gobierno español que sus contratos de peajes se alarguen durante el mismo tiempo que dure el estado de alarma, según informa el diario Ara. Y es que la empresa concesionaria de las autopistas dice que, a consecuencia del confinamiento, los ingresos de los peajes han bajado drásticamente.
Esta ampliación de la concesión comportaría que los peajes de la AP-7 Tarragona-la Jonquera, la AP-2 Barcelona-Zaragoza y la C-32 Barcelona-Palafolls no se acaben el 1 de septiembre del próximo año, que era cuando tenía que expirar el contrato, sino más adelante.
Entre los decretos que promulgó el gobierno español, hay dos que hacen referencia a las empresas privadas que prestan un servicio público en régimen de concesión, como es el caso de Abertis. Estos decretos establecen que las empresas que hayan cerrado obligatoriamente tendrán derecho a una compensación durante el tiempo que no hayan podido prestar el servicio, que se hará ampliando la duración inicial del contrato. Este, sin embargo, no es el caso de Abertis, ya que sigue operando a pesar de la disminución del tráfico y, por lo tanto, no puede acogerse a este decreto. Además, en uno de estos decretos del gobierno, se especifica que las empresas que «garanticen la movilidad» no pueden acogerse a esta opción. Ahora mismo, según informa el Ara, el ejecutivo no prevé que se les prorrogue el contrato.
La última crisis
Durante la última crisis económica, la del 2008, Abertis ya llevó el Estado a los tribunales considerando que, según el contrato de concesión, el descenso de tráfico del AP-7 de aquellos años le daba derecho a una compensación. En concreto exigió 3.000 millones de euros de indemnización. El asumpte acabó en el Supremo que no resolvió nada, alegando que se esperaría al vencimiento del contrato de lo AP-7, en el 2021, para decir quién tenía razón.