Los abogados rechazan la propuesta del CGPJ de que los juzgados abran el mes de agosto

Los colegios de abogados de Tarragona y de Reus discrepan de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de habilitar la actividad en los juzgados el próximo más de agosto. El colectivo considera que la medida puede resultar muy negativa y coincide plenamente con la posición que defiende el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El vicedecano del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Julio de Parellada, dijo que «no se puede culpabilizar de la COVID-19 de la situación en la cual se encontraban los juzgados hasta el 14 de marzo del 2020», cuando se decretó el estado de alarma, y que la medida propuesta por el CGPJ no es aceptable. Parellada recordó que «permitiendo a magistrados, jueces, letrados de la administración, fiscales, médicos forenses, oficiales, agentes y resto de miembros de la administración de justicia disfrutar de sus vacaciones en otros periodos, únicamente significaría que los juzgados seguirían sin rendir desde el mes de junio al de septiembre, periodo durante el cual las plantillas no estarán al completo, y por lo tanto, ni mucho menos se conseguirá el objetivo que se pretende como es la de obtener una vuelta a la normal actividad judicial». Los abogados defienden todo lo contrario, es decir, que todos los profesionales vinculados a la administración de justicia concentren sus vacaciones en agosto.

Mejor trabajar a fondo

La decana del Col·legi d’Advocats de Reus, Encarnación Orduna, dijo, por su parte, que «los juzgados están paralizados, con excepción de aquellos casos que son especiales,», y lo que se tendría que hacer es «poder trabajar todos el mes de julio, adoptando las medidas sanitarias que fueran necesarias, y hacerlo a fondo los de septiembre y octubre». «Parece más una medida de imagen, de maquillaje», dijo Orduna, quién apuntó que cuando finalice el confinamiento a causa de la pandemia «nos llegarán muchos casos derivados del parón, asuntos familiares como divorcios o por cuestiones laborales.» Según su opinión, que es compartida por el Consejo General de la Abogacía Española, «la justicia ya está saturada y lo que faltan es más personal y medidas técnicas». Orduna insistió en decir que sería más oportuno «concentrar las vacaciones de todo el mundo en agosto, que tradicionalmente es un mes inhábil», con lo cual también se conseguiría que en los meses siguientes todo el personal de la administración de justicia estaría a disposición».

Orduna destacó que en agosto, por cuestiones sanitarias, «se habla de que los funcionarios trabajarían por turnos», con lo cual los juzgados tampoco podrían estar activos al máximo de su rendimiento. Además, es complicado «hacer un juicio en agosto si el perito, por poner un ejemplo, está de vacaciones». La previsión de Orduna es que habría juicios que se tendrían que suspender. La decana del Col·legi d’Advocats de Reus también rechaza la posibilidad «de utilizar el sistema de videoconferencia, ya que el acceso estará restringido.»

El CGAE considera que «declarar hábil en agosto, todo o en parte, lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos supondrá, sin duda, una mayor distorsión». «La habilitación tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque comportaría la suspensión de numerosos actos procesales», dijo.