La justicia alemana archiva la tragedia de la Loveparade donde murieron dos tarraconenses

Según un comunicado hecho público este lunes por el tribunal, en el juicio se ha constatado que los acusados trabajaron para hacer posible la seguridad del acontecimiento y que sólo con sus acciones no lo habrían podido evitar, dado que la avalancha humana se desencadenó por una mezcla de circunstancias.

El mes pasado la fiscalía ya admitió que los acusados eran «en gran medida los responsables» de los hechos porque el recinto no era idóneo, se hizo una gestión errónea del flujo de visitantes y fallaba «un concepto» para un acontecimiento tan masivo como aquel. Pero, al mismo tiempo, el ministerio fiscal pedía tener en cuenta el informe técnico que concluía que la tragedia era «difícil» de prever y que se debió a un cúmulo de negligencias.

Los jueces creen que la desgracia se podría haber evitado aquel día o los anteriores, ya fuera con una mejor coordinación en los accesos, prohibiendo que entraran más personas en el recinto o, incluso, prohibiendo el acceso de más vehículos a la ciudad. Sin embargo, el tribunal pide tener en cuenta que los acusados han tenido un procedimiento penal abierto durante diez años y que han tenido que afrontar un juicio de 183 sesiones.

La fiscalía apuntó también que seguir con el juicio no sería proporcional en estas alturas, teniendo en cuenta la condena que podrían recibir los acusados. De hecho, los tres procesados rechazaron el año pasado la propuesta de conformidad del fiscal – una multa de 10.000 euros.

El caso ya fue archivado

En 2016 el tribunal de distrito de Duisburg decidió cerrar el caso aduciendo que no existían pruebas suficientes para abrir un proceso penal. Los familiares de las víctimas mandaron una campaña a las redes para reabrirlo y recogieron más de 367.000 firmas en toda Europa. El Audiencia Territorial del estado alemán de Renania del Nord-Westfalia, con sede en Dusseldorf, acabó dando la razón a la fiscalía y a los familiares de las víctimas, que habían recurrido la primera resolución judicial y ordenó la apertura de juicio oral.

El juicio empezó el 8 de diciembre del 2017 en Dusseldorf (Alemania) y se preveía que acabara en diciembre del 2018. Los procesados fueron cuatro trabajadores de la organización de la Loveparade y seis funcionarios municipales a los cuales se acusaba de homicidio imprudente y daños corporales. El alcalde de Duisburg en el momento de la tragedia, el propietario de la empresa organizadora del concierto y el jefe de policía responsable de la seguridad no figuran entre los procesados.

Los familiares de las víctimas siempre han defendido que se produjo una imprudencia temeraria en la organización y gestión de la Loveparade porque se superó de mucho la capacidad del espacio donde se celebraba el acontecimiento. Entre 100.000 y 200.000 personas por hora entraban por un túnel de 20 metros de ancho, que era la única vía de entrada y salida del recinto. Finalmente, una avalancha humana causó 21 víctimas mortales, entre ellas la tarraconense Clara Zapater, de 22 años, y la cambrilense Marta Acosta, de 21.

Decepción y frustración: «Desde el principio el caso les ha molestado»

El padre de una de las víctimas, Paco Zapater, ha explicado a ACN que están «enfadados, decepcionados y frustrados». Zapater, que es abogado, se ha quejado de que hace tiempo que advertían del riesgo de prescripción el 27 de julio de este año. «En casi dos años y medio se han hecho 183 sesiones de juicio, es decir, una media de una sesión y media a la semana. En lugar de darse prisa lo han moderado hasta que han encontrado la excusa del coronavirus para cerrar el caso», ha lamentado. Según Zapater, detrás de esta decisión sólo ve dos explicaciones. «O una inoperancia del sistema judicial alemán o una falta de voluntad del sistema judicial alemán, a quien desde el principio el caso los ha molestado,» ha añadido.

La confirmación del archivamiento, aunque era esperada, ha dolido a las familias, que lo han recibido como «la crónica de una muerte anunciada». «Ha sido un esfuerzo muy considerable durante diez años y no ha tenido fruto. Pero nosotros continuamos e iremos a Estrasburgo porque nos consideramos insatisfechos», ha explicado. Según Zapater, un juicio que acaba sin sentencia no es un juicio. «No hemos tenido un juicio equitativo tal como prevé la convención de los Derechos Humanos», ha cerrado.