Denuncian que no se han repartido EPIs a pesar de que «sí que había material homologado»

El Grupo de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Tarragona insta al director territorial a depurar responsabilidades sobre la gestión de la crisis sanitaria en las diferentes residencias y centros sanitarios, así como garantizar la protección de las profesionales en la actual fase de desconfinamiento.

Coincidiendo con las protestas que han iniciado las profesionales y usuarias del Hospital de Santa Tecla i Joan XXIII esta semana, el Grupo de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Tarragona no solamente ha querido mostrarles su apoyo y hacer un llamamiento a secundarlos, sino también a reclamar en la puerta de la delegación del Departamento de Salud de la Generalitat que la institución actúe de forma decidida para resolver problemas endémicos desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19.

En este sentido, han reivindicado por «enésima vez» que las trabajadoras de los centros sanitarios dispongan de los EPIs necesarios, no solos para que se proteja su salud, sino también las de las usuarias. Desde el 2 de abril, que el Grupo inició la campaña «Defendemos la sanidad pública», han podido constatar, a través de las denuncias de las trabajadoras, que la falta de estos elementos de protección es generalizada a todos los centros. Incluso, la miembro del Grupo y sanitaria jubilada del Hospital Joan XXIII, Montse Sans, ha denunciado que «sí que había material homologado, pero que este no se ha repartido y se ha quedado en el almacén, mientras muchas trabajadoras iban protegidas con material fabricado artesanalmente».

La problemática se agrava con otras cuestiones, como las pruebas PCR de detección del virus, los constantes cambios de protocolo en los hospitales y en los CAPs, el agotamiento de las mismas profesionales y la falta de personal. Una situación que se agudiza en las residencias de personas mayores, donde se ha constatado la falta de recursos y personal para poder atender a las pacientes.

El Grupo ha recordado que el pasado 1 de Mayo hizo llegar una carta al delegado del CATSalut en Tarragona con el fin de hacerle llegar todas estas problemáticas, que caracterizan el conjunto de centros sanitarios y sociosanitarios de la ciudad. Como no respondió, el Grupo le hizo llegar de nuevo una carta la semana pasada, la cual esta vez, sí que ha respondido. Sin embargo, el Grupo critica que el delegado haya respondido la carta excusándose con el argumento de la recentralización de competencias por parte del gobierno español. Si bien el Grupo también denuncia esta medida del gobierno español, cree que la Generalitat tiene margen para poder actuar, como ahora depurando responsabilidades sobre situaciones de importante gravedad como las sucedidas al Hospital Sociosanitario Francolí, motivados no por la falta de competencias, sino por la negligencia en la gestión de estos centros sanitarios y de personas mayores.

Por último, la miembro del Grupo Laia Estrada, ha puesto el foco en la gestión postconfinamiento. Si bien los centros hospitalarios han podido hacer frente a la epidemia reduciendo la actividad ordinaria a la mínima expresión, eso ha provocado un aumento de las listas de espera, que todavía supondrá una mayor sobrecarga de trabajo sobre las profesionales que hace semanas que hacen frente a la COVID-19. Por este motivo la miembro del Grupo de Trabajo pregunta «cómo se recuperará la actividad pospuesta y, al mismo tiempo, se garantizará el descanso de un personal que se ha agavillado la piel durante los últimos meses».

Según Estrada, la única solución es avanzar hacia un modelo 100% público y «invertir más que nunca en el sistema sanitario para salir en condiciones de esta crisis y no generar más agravios tanto a usuarias, que soportan listas de espera inacabables, como las trabajadoras, las cuales han cobrado una miseria de paga extra, mientras se las mantiene una reducción del sueldo del 5% desde hace 10 años».