El PSC suspende de militancia Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria

Los concejales del PSC de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria han sido suspendidos de militancia del partido, después de que la dirección de la formación haya aceptado la baja voluntaria que presentaron el miércoles una vez la Audiencia de Tarragona confirmó que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por el caso Inipro. Según han apuntado fuentes del PSC, se trata de una medida que afecta sólo a su situación orgánica en la formación. Por lo tanto, los dos continuarán como concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Tarragona, al menos hasta que haya sentencia.

Este miércoles, Ballesteros y Floria hablaron con el primer secretario del partido, Miquel Iceta, y con el secretario de organización, Salvador Illa, a los cuales trasladaron su renuncia voluntaria, que fue aceptada. De todos modos, según marcan los estatutos del PSC, una vez hubiera empezado el juicio automáticamente habrían quedado suspendidos de militancia.

El caso trata sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el InstitutMunicipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se habría prorrogado al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el qué se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC. Además, de los dos concejales socialistas a la oposición también juzgarán a la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; y Enriqueta Aznar, técnica del IMSS.

Situación extraña para|por Ricomà

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, aseguró ayer que «le cuesta mucho entender» que Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria continúen como concejales en el consistorio después de que la Audiencia de Tarragona confirmara que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por el caso Inipro. Ricomà no quiso hacer declaraciones más allá de las que hizo a Tarragona Ràdio, donde reconoció que no se imagina continuando en el cargo si se encontrara en una situación como la de los concejales socialistas. «La decisión es de ellos y de su partido, pero yo no me veo, ni veo a nadie de mi partido en una situación de este tipo», manifestó. Además, el alcalde opinó que el hecho de que un exalcalde se siente en el banquillo de los acusados perjudica la imagen de la ciudad.

La CUP, por su parte, ya anunció que consideran que tanto Ballesteros como Floria tienen que dimitir del cargo de concejal y concejala, respectivamente. Además, la CUP instó el gobierno municipal de ERC y En ComúPodem a «hacer limpio», a «levantar las alfombras» y a personarse en todas las causas judiciales que tiene abiertas el consistorio por presunta corrupción.

Rubén Viñuales, portavoz de Ciutadans, defendió que hay que respetar los tiempos de la justicia. «Habría estado sorprendiendo que se hubiera dejado de investigar, pero eso no significa que ya se haya juzgado», decía Viñuales, que añadía que «a Ciudadanos tenemos un código ético más estricto y, en casos como este, tenemos que dimitir como concejales».

En la misma línea, José Luis Martín, del PP, defendía la «presunción de inocencia» de los acusados y, con respecto a una posible dimisión de sus cargos en el consistorio, decía que «se tendrán que regir por sus estatutos».

Finalmente, Dídac Nadal, de Junts per Tarragona, aseguró que «hemos convocado una reunión de grupo municipal y nuestra gente para hacer una valoración, si bien ya podemos adelantar que el papel de Ballesteros y Floria, junto con el de su partido, el PSC, es del todo anacrónico e inadmisible. El pleno municipal y la ciudadanía de Tarragona no se merecen esta ofensa, es hora que reflexionen».