Empresas de transporte discrecional convocan una marcha lenta el día 10

Varias compañías del sector del transporte discrecional y turístico han convocado una marcha lenta el próximo día 10 de junio en Tarragona con la cual quieren hacer visible la grave situación que atraviesa el sector por la crisis sanitaria. Reclaman a las administraciones públicas una serie de medidas para paliar los efectos negativos que les provocará estar prácticamente todo un año sin actividad.

La protesta está convocada por la asociación Direbús –fundado el mes de mayo pasado– en 22 capitales de provincia de toda España y a la misma hora, a las once de la mañana. La agrupación, la cual aglutina empresas de todo el país, protestará por el olvido de las administraciones públicas hacia un sector que continúa parado mientras otros han podido reanudar la actividad. «La protesta es sobre todo de los que nos dedicamos al transporte discrecional y turístico. Vemos que, si tenemos suerte y no hay demasiada gente infectada, podremos empezar la actividad en septiembre, pero nuestra temporada empezaba en marzo. El invierno es una temporada muy floja. Hasta marzo que viene habremos estado casi un año parados», explica Josep Saladié, gerente de Autocares Losa, que tiene la central en Hospitalet de l'Infant.

La agrupación detalla una decena de reivindicaciones de que, el próximo miércoles, hará llegar a la Subdelegación del Gobierno central en Tarragona. «Necesitamos que el gobierno legisle a favor de las empresas, conseguir que nos den un año de carencia en los contratos de leasing, renting que tenemos con las entidades financieras. Sin embargo, queremos que este segmento de transporte tenga unos ERTE más flexibles, que nos incluyan con el grupo del turismo, no somos industria», añade Saladié.

«Toda mi empresa está en ERTE. El 90% de las empresas de la provincia están dedicadas a actividades relacionadas con el turismo. La nuestra hace el servicio para excursiones, traslados desde el aeropuerto de Reus, congresos, desplazamientos deportivos, etc., explica Albert Balanyà, propietario y gerente de Daurada Bus de Vila-seca una empresa que, a pesar de no pertenecer a la agrupación que convoca la protesta del próximo día 10 sufre la misma la problemática.

«Ahora tenemos un par de rutas de trabajadores, es lo único que está funcionando. Algunos niños han vuelto a la escuela, pero no necesitan hacerlo en autocar», añade Saladié. En la demarcación de Tarragona, de la treintena de compañías de autobuses que hay, son pocas las que realizan los servicios regulares interurbanos y que pueden sobrevivir a las graves consecuencias de la crisis sanitaria. Las cifras hablan por sí solas: «Hemos facturado un 2,5% de lo que teníamos previsto. O sea, hemos dejado facturado un 97%», dice Saladié. El sector da trabajo a cerca de 2.000 personas en la provincia.

Líneas especiales de financiación con avales ICO para refinanciar las empresas, carencias en los seguros de los vehículos de acuerdo con el tiempo de inactividad, ayudas públicas para la renovación de la flota o bonificaciones por parte de los ayuntamientos del Impuesto de vehículos de tracción mecánica, así como exenciones y deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades si las renuevan, son, entre otros, parte de la decena de demandas que el sector reivindicará con la marcha convocada por todo el país. «Sin embargo, pedimos que se alargue –al menos el año que habremos estado parados– la vida útil de los vehículos escolares. En Cataluña los autobuses que hacen este servicio tienen una vida útil de dieciséis años. En Europa no hay limitaciones y, en lugares como las islas Baleares o Canarias, la vida útil se alarga hasta los dieciocho años, siempre que la ITV garantice que está en condiciones para hacerlo,» recuerda Saladié. A todo eso, hay que añadir la necesidad de que se amplíen los aforos permitidos en los vehículos para evitar los contagios. «Se tendría que aumentar el aforo permitido de los autobuses del 50 al 75%, los viajeros tienen que ir con mascarilla y seguiremos todas las medidas de higiene que marcan los protocolos para evitar el contagio», añade Saladié.

El desbarajuste de la ITV

El olvido de las administraciones públicas hacia este sector se capta, por ejemplo, en la obligación de superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada seis meses en los autobuses. La prórroga hasta el 31 de agosto para aquellas (ITV) que quedaron pendientes con el estado de alarma pone las empresas de transporte discrecional en una situación insólita. «El 14 de marzo quedó en suspensión y ahora se ha abierto el plazo hasta el 31 de agosto por aquellos vehículos a los cuales les vencía la ITV. Pero teniendo en cuenta como está el servicio, lo más probable es que muchos lo tengan que pasar en agosto con la fecha en que quedó suspendida. Al cabo de quince días, la tendrán que volver a pasar, incluso vehículos que ni se han movido, por qué les tienen que pasar la ITV cada seis meses; eso no es serio», puntualiza Albert Balanyà.