Los jóvenes extutelados, atrapados entre la ocupación de pisos y la falta de trabajo

«Mi principal preocupación son los papeles». Así habla Hamza, un tarraconense extuteladoque llegó a la ciudad proveniente de Marruecos. El permiso para poder trabajar y poder alquilar posteriormente un piso es la raíz de los problemas de los jóvenes que han llegado solos al Estado y, sin apoyo familiar, acaban ocupando pisos vacíos de los bancos. Hasta los 18 años son considerados Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), o Menores Tutelados, pero con la mayoría de edad les invitan a buscarse la vida sin «ninguna ayuda».

Algunos salen adelante, como es el caso de Ahmed a quien, habiendo aprobado la ESO, a sus 18 años tuvo que abandonar –antes del coronavirus- el segundo curso del Grado Medio de Carrocería en el InstitutPere Martell porque su prioridad era buscar vivienda. Ahora, vive en un piso ocupado del Serrallo, se ha vuelto a inscribir a un Grado Medio, en este caso de Atención a Personas en Situación de Dependencia. «Tenía que buscarme la vida y no tenía ninguna ayuda», explica este chico proveniente de Argelia, que atravesó la frontera con patera el año 2017 con 15 años. «He perdido un curso», se lamenta, a causa de una vivienda donde estuvo sin agua y luz durante dos meses. Se resigna cuando explica que «yo vine para tener un futuro y una buena vida», y por eso su opción es estudiar mientras recoge la comida, como el resto, en el comedor social de Taula Amiga, en la calle del Cardenal Cervantes.

En el mismo lugar se encuentra El Makkai, que hace tan sólo un mes ha salido del tutelaje y ahora está viviendo en una vivienda ocupada de la Parte Baja. Desde Tánger, su historia lo ha hecho pasar por Andalucía, –donde llegó a los 15 años–, Tarragona, Tortosa, Amposta, el Pla de Santa Maria y de nuevo Tarragona. Ahora mismo está inscrito a los Programas de Formación e Inserción (PFI).

En el otro lado de la balanza está Hamza, quien a sus 20 años hace dos que vive en la calle ya que ni siquiera la vía de ocupar un inmueble le ha funcionado. Incluso intentó alojarse en el pabellón del Serrallo al inicio del confinamiento y las plazas ya estaban todas llenas. En su caso, reconoce haber hecho algún robo y, por eso, ha pasado varias noches en los calabozos –eso hace «dos años», afirma. Llegó por mar a Cádiz a los 17 años y después de siete meses tutelado en un centro lo enviaron a Girona y finalmente ean Tarragona. Afirma que tan sólo come una vez al día, lo que le da Taula Amiga, mientras que «alguna vez» consigue que personas conocidas lo ayuden. Algunos MENA actuales –que sí que viven todavía en pisos tutelados– le dan comida, le limpian la ropa o le permiten ducharse.

Por otra parte, sus documentos de residencia –que no le permiten trabajar– los ha perdido y le toca renovarlos en noviembre. «Es fácil perderlos cuando vives en la calle», detalla la entidad que está ayudándoles, Reus Refugi. Hamza también ha estudiado, en su caso varios cursos de los PFI, pero no tiene acceso a enseñanzas profesionales. Ha intentado encontrar trabajo, pero no le llaman. Todo eso, añadido al hecho de vivir en la calle, provoca situaciones peligrosas. Fue hace dos meses cuando, según explica, recibió un golpe con una botella de cristal en la cabeza. También, intentando ayudar a un hombre en el parque de Sant Rafael, vivió una situación conflictiva.

Problemas con la policía

Aparte de su historial, Hamza, como otros extutelados, se queja de que las patrullas policiales a menudo lo paran para que se identifique basándose exclusivamente en su color de piel. Esta precisamente ha sido una de las reivindicaciones de los últimos días, coincidiendo con el movimiento Black Lives Matter, que traduce sus proclamas a la realidad catalana. Preguntado por la indignación vecinal por los edificios ocupados, el tráfico de drogas o los robos, El Makkai reconoce que sí que hay que roban, pero que muchas veces es después de algunas actitudes discriminatorias por su apariencia.

Apoyo social

Sin entrar en la crítica hacia los trabajadores sociales de la administración y de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), desde la entidad Reus Refugi, que ha empezado a mantener contacto con estos jóvenes, lamentan que «no hay vivienda social» y que «los echan a la calle». Víctor Pérez, miembro de la asociación, explica que hacen acompañamiento a demandantes de asilo en Reus, haciendo trámites o ayudándolos en cuestiones médicas, y junto con la Xarxa de Suport Mutu de la capital del Baix Camp reparten comida a personas en una situación parecida. Algunos de ellos consiguen trabajar en negro, pero no regularizan su situación. «Es el pez que se muerde la cola», explica Pérez. Recientemente han recibido información de hasta 35 personas que están en una situación precaria y, cinco de ellas, viven en la calle, en Salou y en Tarragona. Son perfiles diferentes pero coinciden en qué hace poco que han dejado de ser menores tutelados. Por este motivo han hecho un llamamiento en las redes sociales para encontrar pisos en cesión de uso o habitaciones para estos chicos.