El Ayuntamiento de Tarragona licitará el servicio de la Brigada de Intervención Rápida

El Ayuntamiento de Tarragona contratará un nuevo servicio de mantenimiento de la vía pública, es decir, a la Brigada de Intervención Rápida, después de que se hayan agotado los cinco años (cuatro más uno prorrogable) del contrato otorgado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Ematsa y Sorigué. En el plenario del pasado viernes se aprobó esta licitación con un poco de polémica, ya que la CUP votó en contra y lamenta que «todavía no hemos visto ningún estudio de viabilidad de internalización de los servicios de la ciudad». Las cupaires han sido siempre a favor de la municipalización de los servicios porque, según explica Eva Miguel a DiariMés, «permitiría fiscalizar que el cumplimiento del contrato sea el correcto y asegurarnos que las condiciones de los trabajadores sean buenas».

Por su parte, el concejal de Espais Públics del consistorio, Xavi Puig, defiende que la UTE que ha llevado a cabo el servicio hasta ahora «ha sido muy eficiente» y reconoce que, «aunque nosotros queremos cambiar muchas cosas que no funcionan del gobierno anterior, que hay unas cuantas, esta sí que funciona y la queremos mantener». En este sentido, el edil defiende que la posición del consistorio es «pragmática», y no ve la necesidad de cambiar uno contrata que da buenos resultados. De esta manera, Puig descarta municipalizar el servicio, ya que considera que «por la medida del contrato, la oferta es muy competitiva por parte de las empresas y es un servicio muy eficiente». Con respecto a las actuaciones de emergencia que resuelve la Brigada de Intervención Rápida, Puig explica que «hay muchísimas y se trata de un contrato de mucha necesidad y de un servicio que los vecinos valoran muy positivamente».

El importe del contrato asciende a los 4,5 millones de euros, 900.000 al año durante 4 años más uno prorrogable. Puig señalaba que «sería ideal incrementar esta partida», pero lamenta que al tratarse de gasto ordinario, «vayamos muy ligados, ya que si nos pasamos de la raya podríamos perder la opción de pedir créditos para hacer inversiones.» Según el también portavoz del gobierno, Tarragona necesita muchas inversiones, y pidiendo créditos se pueden llevar a cabo, de manera que el mantenimiento será menos necesario.

«No conocemos las condiciones»

Por su parte, la concejala de la CUP en el Ayuntamiento, Eva Miguel, lamentaba que «no sólo no se internalitza este servicio, sino que cuando nos presentan la licitación, vemos que en los anexos no se especifica cuáles serán las condiciones del contrato ni cómo se fiscalizará correctamente el servicio ni cómo se penalizará». «Si eres de izquierdas, revisas el estado de los contratos y antes de licitarlo de nuevo haces un estudio de viabilidad de internalización», sostiene a Miguel, que añade que «hemos pedido conocer el estado de los diferentes contratos de servicios en la ciudad para hacer un seguimiento del cumplimiento y todavía no tenemos ninguno».

En esta misma línea, la cupaire lamentaba que, «entre los acuerdos de los puntos de investidura, había hacer un estudio sobre la viabilidad de municipalizar el servicio de la basura y, entre los acuerdos para aprobar los presupuestos, el mismo estudio sobre el servicio de atención domiciliaria, y no hemos visto nada». Por eso, Miguel no pone una buena nota en el gobierno actual, ya que considera que en un año ha tenido tiempo suficiente para materializar alguno de estos compromisos.

Finalmente Miguel critica que ERC, desde la oposición, defendía la importancia de llevar a cabo estos estudios pero ahora, desde el gobierno, no lo hacen. «Desconocemos la hoja de ruta de ERC y En ComúPodemni sus prioridades ni los contratos que valoran municipalizar», sostiene, finalmente, al anticapitalista.