El 58,7% de los profesores de la URV son asociados

La comunidad con menos presencia de profesorado asociado es el País Vasco, con el 8,5%. Las diferencias también son notables entre universidades. En Cataluña, los porcentajes más altos corresponden a la Rovira i Virgili, donde los asociados representan el 58,7% del total del PDI, y la Pompeu Fabra, con el 49,5%, aunque en este caso, a diferencia de la tendencia general, el número de estos docentes se ha reducido con respecto al curso 2009-10, cuando eran el 63,3%. Destaca también la Universitatde Barcelona por su envergadura y por el fuerte crecimiento que ha tenido el personal asociado, que ha pasado del 25,1% al 43,9%.

«Entendemos que parte de este proceso puede tener que ver con el hecho de que sea la comunidad autónoma donde más cayó la financiación pública en las universidades -un tercio de la financiación desaparece durante la crisis. De alguna forma podemos pensar que esta caída tan fuerte se ha compensado, por una parte, subiendo los precios de matrícula más que en ninguna otra comunidad autónoma y, de la otra, recurriendo a la figura del profesorado asociado más que en ninguna otra comunidad autónoma, ha afirmado Alfonso Herranz, coautor del informe junto con Vera Sacristán.

Una «gradual precarización»

El informe muestra en el conjunto del estado español una «gradual precarización» del profesorado universitario, relacionada con el uso «creciente» y «inapropiado» de esta figura. El profesorado asociado, de carácter temporal, tiene como objetivo «incorporar a la universidad personas que por su experiencia profesional pueden llevar a los estudiantes conocimientos y experiencias ligadas al ejercicio de la profesión», recuerda el documento.

Los autores del informe sostienen que las dimensionas de la plantilla de profesorado asociado reflejan un «uso excesivo» de esta figura -denunciado por varias agencias públicas y confirmada por sentencias judiciales. Algunas universidades, ha señalado Herranz, encuentran en el profesor asociado una «solución económica» para «cubrirnecesidades docentes estructurales».

También es significativa la estructura por edades del profesorado asociado, más joven que el del resto de categorías. Eso mostraría, según el informe, que esta figura «no se está utilizando para contratar especialistas de reconocida competencia para que aporten conocimientos y experiencia profesionales, sino que se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria».

Herranz y Sacristán apuntan que el crecimiento del profesorado asociado se puede explicar por varios factores, como las dificultades financieras de las universidades públicas; el bajo coste por hora impartida de estos docentes en comparación con el de otras figuras, como los catedráticos y los límites establecidos por la tasa de reposición de personal a partir del inicio de la crisis económica, entre otros.

En el informe advierten que este aumento y la precarización pueden tener varias consecuencias, como una reducción de la actividad de investigación en las universidades; un debilitamiento del vínculo de los docentes con la institución; un riesgo para la libertad académica al aumentar la vulnerabilidad laboral y un empeoramiento del aprendizaje de los estudiantes.

Profesores asociados y la crisis de la covid-19

En un contexto de crisis, los profesores asociados se exponenuna «precariedad sobre precariedad», ha alertado Herranz, ya que si pierden el trabajo principal o tienen que renunciar a la condición de trabajadores autónomos -requisitos legales de esta figura- pueden perder la posibilidad de renovar el contrato con la universidad.

Eso podría pasar en el actual marco de la crisis de la covid-19. Ahora bien, los autores del informe han apuntado que algunas universidades catalanas están renovando automáticamente el contrato de los asociados sin comprobar la actividad laboral externa.

La mayoría de universidades incumplen el límite de profesorado temporal

Otro aspecto muy destacado que muestra el informe es que la mayoría de universidades españolas se encuentran «en situación de ilegalidad», porque el porcentaje de profesorado temporal es «significativamente superior» al límite legal. Precisamente el crecimiento de asociados es una de las «razones esenciales» que explica que en el sistema de universidades públicas españolas incumpla «de forma sistemática desde el curso 2014-15» el límite establecido por ley.

La ley marca que el personal docente e investigador con vinculación temporal no puede superar el 40% de la plantilla de PDI. Este porcentaje llegó al 47% el curso 2018-19. De este personal temporal, el 54% eran profesionales asociados. Cataluña es la segunda comunidad que más se distancia del límite (59% de profesorado temporal) por detrás de las Islas Baleares (62%). 12 comunidades autónomas y 32 de las 48 universidades públicas españolas superaban el límite legal.