El Camping Trillas quiere que otros técnicos revisen la sanción del consistorio

El Camping Trillas de Tamarit estudia todas las alternativas legales contra el Ayuntamiento de Tarragona, después de que este decidiera multar en el complejo con 900.000 euros por edificación ilegal, pero antes pedirá una revisión extraordinaria del expediente sancionador por parte de otros técnicos municipales. Estuvo en el pasado plenario del consistorio del 24 de julio cuando, con los votos favorables de ERC, en ComúPodem, PSC, Junts per Tarragona y la CUP, y con las abstenciones de Ciutadans y el PP, se desestimó «sin ni valorarlo completamente», según los propietarios, el recurso de la empresa al expediente sancionador por haber deforestado, pavimentado y haber colocado bungalows en un suelo no edificable, según el consistorio. A partir de aquí, los propietarios del camping ya advirtieron que tomarían acciones legales contra el Ayuntamiento y anunciaron que el primer paso sería interponer un contencioso administrativo.

«No descartamos ninguna posibilidad para ejercer nuestra defensa», afirmaba Roger Trillas, director del complejo turístico. No obstante, estas acciones estarán a la espera de la respuesta del consistorio a la propuesta de la empresa que un equipo de técnicos externos a la sanción lleve a cabo una revisión extraordinaria del expediente, explica Trillas. «Queremos promover un escenario de diálogo que hasta la fecha no ha existido y así evitar todo el proceso judicial que puede durar años», añadía el director. En este sentido, Trillas comentaba que «ellos dicen defender un interés público pero en realidad lo perjudican, porque los terrenos tienen uso de camping y, si nos dan la razón, la hacienda pública del Ayuntamiento sufrirá unas consecuencias muy negativas».

De hecho, los propietarios del camping defienden que «la zona en cuestión forma parte de la clave 37 del POUM, que permite el uso de camping de aquel espacio y, por lo tanto, es mentira cuando dicen que estamos urbanizando en suelo no urbanizable.» En primer lugar, «de los 350 campings que hay Cataluña, 340 están situados en suelos no urbanizables», añadía Trillas, que decía que «la actividad de camping, no se puede hacer de otra manera que en suelo no urbanizable, pero la gente eso no lo sabe». El director señalaba que se ha trabajado muchísimo por regularizar situaciones urbanísticas, como por ejemplo cuándo «se promovió una modificación del Plan Costero de la Generalitat y del mismo POUM, pagado por los campings, para poder aceptar esta modificación. Esta consiste en el hecho que todos los terrenos que no son clave 37 y que están ocupados por un camping desde antes del 2005, pasen a ser compatibles con el uso de camping».

Concretamente, el Plan General de Ordenación Urbana, antiguo POUM de 1995 ya contemplaba en el artículo 354 de «Usos» del capítulo octavo de «Camping en suelo no urbanizable (clave 37)» que «se admite el uso de camping y caravaning. Exclusivamente como actividad complementaria del uso anterior se admiten los siguientes: comercial, con techo máximo de 900 m2 , deportivo, ocio, oficinas atadas a la explotación del camping, religioso, sanitario-asistencial y vivienda con un máximo de dos unidades por cada sector o unidad de zona».

Cuanto menos, Trillas reconoce que transformaron aquel espacio sin licencia de obras que, según él, es la única multa que les tendrían que poner. «Pedimos la licencia en el 2011 y pusimos los mobilehomes en el 2017, cuando ya hacía seis años que no nos daban respuesta», lamentaba el director, que detalla que, antes, el silencio administrativo era positivo, de manera que, si el consistorio no decía nada, lo podía hacer, pero cambió a negativo y de esta manera no se pueden hacer obras hasta tener licencia.