Desalojan 15 pisos ocupados en el Rancho Grande del Serrallo

Guardia Urbana de Tarragona, Mossos d'Esquadra y Policía Portuaria han iniciado a primera hora de este jueves un operativo policial conjunto para desalojar un edificio ocupado en el barrio del Serrallo de Tarragona. Según fuentes de la policía municipal tarraconense, que lidera el operativo, todas las personas que vivían allí como ocupas ya estan fuera del inmueble, situado en la calle Sant Andreu y conocido popularmente como Rancho Grande. En total se habrían desalojado unas 34 personas de 15 pisos ocupados por una declaración de inhabilidad, según ha podido saber Diari Més.

Las personas que han sido desocupadas por la policía, y que se encuentran fuera del edificio, aseguran que se trata de una «operación de racismo» ya que afirman que sólo «han echado en marroquís, gitanos y rumanos».

El edificio se encuentra ocupado desde hace años y ha sido el foco de varios episodios de inseguridad ciudadana. Uno de los últimos, una pelea multitudinaria el pasado 26 de junio y que acabó con un detenido.

El operativo ha empezado en los alrededores de las siete de la mañana. Han participado unos 110 agentes, de los cuales 80 de los Mossos d'Esquadra -70 de la BRIMO y diez de seguridad ciudadana-, una treintena de la Guardia Urbana de Tarragona y miembros de la Policía Portuaria. De los 32 pisos del inmueble se ha actuado en quince y se han desalojado 34 personas. Hacia las nueve de la mañana el desalojo había acabado, aunque el operativo se ha alargado durante unas horas más. De las diecisiete viviendas restantes del edificio, cuatro ya se desalojaron hace unos días sin presencia policial, tres más han regularizado la situación en las últimas semanas y los diez restantes no tienen ningún tipo de problemática.

El consejero de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha explicado que el operativo ha sido «rápido y sin conflictos ni enfrentamientos». Después del desalojo, los agentes han permitido a los afectados volver a entrar en el edificio durante unos minutos para recoger pertenencias. Aparte de los agentes policiales, también han participado miembros del servicio de limpieza, que han sacado elementos insalubres, tanto de los apartamentos como de las zonas comunitarias y de los terrados. El arquitecto municipal ha comprobado el estado de los inmuebles y la brigada de espacios públicos ha tapiado trece de los pisos. Los dos restantes han sido precintados por la Guardia Urbana. Finalmente, técnicos de Endesa se han encargado de comprobado el estado de los contadores de electricidad a fin de que «no haya riesgo de incendio».

Precisamente este último motivo ha sido el que ha motivado la actuación, tal como ha afirmado Puig. El consistorio resolvió hace aproximadamente un mes que los pisos estaban en situación «de inhabitabilidad» por el alto riesgo de incendio que suponía que hubiera los contadores de luz 'pinchados'. A raíz de eso, el consistorio pidió por vía judicial el desalojo, que ha sido ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona. «No es una operación que persiga la ocupación, sino que lucha contra la inseguridad», ha remarcado el titular de Territori. De hecho, hace unos días se quemó un piso ocupado en otro barrio de la ciudad.

Alternativa mediante servicios sociales

La problemática en el Rancho Grande se arrastra desde hace unos siete años, cuando empezaron las ocupaciones y disturbios. Las actuaciones policiales se han sucedido durante este tiempo y a finales de junio se produjo una pelea multitudinaria entre los okupas que acabó con un detenido. Los vecinos hacía mucho tiempo que vivían atemorizados por múltiples episodios de inseguridad ciudadana. «Es un problema enquistado por una suma de problemas diferentes que hacía imposible la convivencia entre la comunidad de vecinos y el resto del barrio», ha apuntado Puig, que ha reconocido que con esta actuación no se soluciona definitivamente el problema.

El consejero municipal ha indicado que en las últimas semanas técnicos de los servicios sociales habían advertido a los okupas que se produciría el desalojo y ha asegurado que se les han ofrecido alternativas temporales de vivienda, a través de apartamentos o pensiones. En algunas de las familias hay menores de edad. Puig no ha revelado cuántas han aceptado el ofrecimiento de los servicios sociales, pero ha comentado que «muchas han buscado alternativas en su propia red».

Sin embargo, algunos de los afectados han explicado a los periodistas que no han recibido ninguna visita de los servicios sociales, que no se les advirtió del desalojo y han criticado la dureza de la actuación policial. «Estaba durmiendo y han entrado con mucha fuerza, y me han tirado a la basura la comida que tenía», ha indicado uno de ellos. Otro, que reconocía que hacía ocho años que vivía en el inmueble, lamentaba que no sabe dónde pasará la noche y denunciaba que lo han condenado a vivir en la calle.