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Vivienda

La ley que rebaja y congela el precio de los nuevos contratos de alquiler entra en vigor este martes

La norma se puede aplicar inmediatamente a 60 municipios, entre los cuales Calafell, el Vendrell, Reus, Salou, Tarragona y Tortosa

El incumplimiento de la nueva regulación puede comportar multas de hasta 90.000 euros.

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La ley aprobada en el Parlamentel 9 de septiembre sobre la regulación del precio de los alquileres entra en vigor este martes. Así, en las zonas con una falta de oferta de vivienda asequible, el precio el alquiler quedará determinado en función del índice de la Agència de l'Habitatge. Por una parte, los nuevos contratos se tendrán que ceñir al precio/m2 de referencia. De la otra, en caso de que el inmueble haya sido arrendado por debajo del precio de referencia durante los últimos 5 años, la ley impide que el propietario suba el alquiler. La norma, por lo tanto, obligará a los propietarios a rebajar los precios que están por encima del índice y congelará los que se sitúan por debajo. La norma se puede aplicar inmediatamente a 60 municipios, entre ellos Calafell, el Vendrell, Reus, Salou, Tarragona y Tortosa.

Los criterios para fijar el precio de los alquileres en zonas con mercado tenso sólo tienen efecto sobre los nuevos contratos de viviendas habituales, pero no cambian las condiciones de los que estén vigentes ni tampoco tienen ningún efecto sobre las segundas residencias.

Si la falta de vivienda está concentrada en barrios o distritos, la norma se podrá aplicar sin que afecte al resto del municipio. En cualquier caso, la congelación y rebaja del precio de los alquileres requiere una declaración de «mercado tenso». Esta declaración será posible en el supuesto de que el área en cuestión experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de toda Cataluña; que el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos habituales de los hogares o de la renta media de las personas menores de 35 años; o finalmente que el precio de la vivienda haya crecido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

La ley de la regulación de los alquileres se podrá aplicar inmediatamente como medida de urgencia en 60 municipios catalanes, entre los cuales hay las ciudades de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En todos los pueblos y ciudades incluidos enla lista, el precio del alquiler ha crecido más de un 20% en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019. Se trata de una disposición adicional de un año de vigencia, que asegura la rebaja y la congelación automática del precio de los nuevos contratos de alquiler. Así, el alquiler quedará limitado sin esperar el mínimo de 9 meses para los trámites administrativos necesarios para la declaración ordinaria de las zonas con mercado tenso.

Concretamente, 42 de los 60 municipios están situados en el Ámbito metropolitano; 7, en las Comarcas gerundenses; 5 en el Campde Tarragona (Calafell, el Vendrell, Reus, Salou y Tarragona); 4, en las Comarcas centrales; 1, en Ponent; y, finalmente, 1 más en las Terres de l'Ebre(Tortosa). El Baix Llobregat, con 16 municipios, es la comarca con el mayor número de pueblos y ciudades declaradas zonas con mercado tenso de toda Cataluña.

En el conjunto de Cataluña, el precio medio del alquiler ha crecido un 36% en los últimos 6 años. Cifras, significa que ya ha llegado 735,36 euros, 197,36 euros más que el 2013. Eso significa que el precio del alquiler ha superado el nivel previo al estallido de la crisis. El incremento general se ha acentuado especialmente en Barcelona, donde el precio medio de un piso de alquiler de 74 metros cuadrados está actualmente de 978,81 euros, según el Incasòl. Se trata de un 43% más de lo que hace 6 años. Es decir, de un incremento medio de 297,25 euros por piso. Este fenómeno también se ha trasladado a los municipios del ámbito metropolitano y su entorno.

La ley se aprobó el pasado 9 de septiembre con los votos a favor de JxCat –que inicialmente había presentado varias enmiendas-, ERC, CatECP y la CUP y los contrarios de Cs, PSC, PDeCAT, PPC y Demòcrates. La aprobación de la regulación fue posible después de un acuerdo in extremisentre el Sindicat de Llogaters, JxCat, ERC, CatECP y la CUP. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) no avaló buena parte de la ley al creer que algunos de los artículos contradicen la Constitución y el Estatuto y el PPC adelantó que próximamente presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional.

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