Vecinos de SPiSP descartan manifestarse contra la mezquita para evitar racistas

A pesar de la inminente aprobación del plan especial para instalar el centro de culto islámico de la Comunidad Assalam en el local de la escalera C del bloqueSant Andreu de Sant Pere i Sant Pau, los vecinos que desde un primer momento se han mostrado contrarios al proyecto han decidido no manifestarse. El motivo principal por el cual han retrocedido en la idea de la protesta es que no tienen dudas que diferentes colectivos y personas de tendencias racistas y xenófobas se habrían adherido a la concentración, «con unos motivos bien diferentes de los nuestros», señala Gabriel Muniesa, presidente de la Asociación de Vecinos La Unió, entidad que ha dado apoyo a los propietarios más afectados por la implantación de la mezquita. Muniesa recalca que «lo que nosotros no queremos es que el centro de culto se coloque en la escalera C, mientras que no nos importa que se instale en un espacio exclusivo. En cambio, lo que no quiere mucha gente que habría venido a la manifestación es, directamente, que haya una mezquita en el barrio, es decir, unos intereses totalmente diferentes».

Según el presidente de la entidad vecinal, enla reunión que llevaron a cabo ayer con los propietarios de la comunidad del bloque Sant Andreu también se consideró que habría sido complicado controlar a los participantes en la concentración y, teniendo en cuenta el escenario actual de la covid-19, era mejor descartar esta idea. Por otra parte, los contrarios al proyecto del centro de culto también acabaron descartando la opción de llevar el Ayuntamiento de Tarragona a los tribunales, tal como habían puesto sobre la mesa en uno primer momento. «No vemos viable iniciar un proceso judicial a largo plazo ahora mismo», apunta a Muniesa. Los principales motivos por los cuales los vecinos de la zona estaban en contra de la implantación de la mezquita eran, desde posibles molestias de ruido que se pudieran generar, hasta aglomeraciones al acceso al local y un agravamiento del problema de aparcamiento en los alrededores del edificio.

El presidente de la AVV La Uniólamenta que hasta ayer el Ayuntamiento no se había puesto en contacto con los vecinos de la zona para conocer su opinión sobre el proyecto. «He recibido la llamada de Xavi Puig, el concejal de Urbanismo, para salvar un poco todas las deficiencias de este tema», señala Muniesa, a quien desde un primer momento ha dudado de que la escalera C sea el único espacio en el barrio donde poder montar la mezquita. En este sentido, defiende que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal indica que un centro de culto puede implantarse en una comunidad de vecinos de manera exclusiva, siempre que no haya ninguna alternativa. «Si que hay otras opciones, como todos los terrenos del lado del centro cívico, donde pueden construir un edificio específico y exclusivo para ellos y su función, pero claro está, es más barato hacerlo en un local ya existente», dice Muniesa, que asegura que desde el consistorio «han defendido que la Comunidad Assalam ha demostrado que la del local en el bloque Sant Andreu era la única opción, pero realmente lo dudo porque hay muchas alternativas en el barrio».

Por otra parte, Muniesa critica también que los grupos municipales de ERC, En ComúPodem, Junts per Tarragona, la CUP y Ciudadanos, «no se han querido mojar por el simple hecho de que no se les mezcle con una cuestión de racismo y, como hay un técnico del Ayuntamiento que ha dicho que todo está correcto, pues adelante».

Finalmente, el presidente de la AVV La Unióexplica que, para el plenario del mes de octubre, presentarán una moción «para proponer la eliminación de la cuarta modificación puntual del POUM, que es el que se refiere a los centros de culto.» En esta misma línea, Muniesa asegura que «instaremos a todas las comunidades religiosas de Tarragona a que apuesten por instalarse en un local de cualquier barrio y zona de Tarragona, ya que, si también cumplen con la normativa, no tendrán ningún tipo de problema. Así quedará demostrado que la implantación de la mezquita a Sant Pere i Sant Pau no es una discriminación con respecto a los otros barrios de la ciudad».

Disparidad de opiniones

Si bien los propietarios de la escalera C del bloqueSant Andreu acusan su negativa al proyecto por los posibles problemas de convivencia en la comunidad de vecinos, otros residentesde Sant Pere i Sant Pau también se muestran contrarios pero con un discurso un poco diferente. Manuel Quintero, vecino del barrio que trabaja cerca del bloque en cuestión, defiende que «la gente ve problemática la instalación de la mezquita. Cuando eran dos familias musulmanas no pasaba nada, pero cuando hay 400 ya hay conflicto, sobre todo por las diferencias culturales». Otra vecina de la zona, Jeru Garcia, también hace referencia al factor cultural. «Quieren que hagamos lo que ellos quieren, no se atienen a nuestra cultura y, al final, es culpa suya que no se ganen nuestra amistad», lanza Garcia, que añade que «son muy irrespetuosos. No soy racista pero estoy indignada».

Antonia Sánchez, propietaria de la tienda Estil Mari, situada justamente al lado de donde se instalará la mezquita, defiende que «son gente muy respetuosa y dudo de que creen problemas de convivencia». No obstante, Sánchez lamenta que «encuentro muy mal que, si soy la del local del lado, el Ayuntamiento no me haya avisado pero, en todo caso, si no molestan tienen todo el derecho a hacer la suya. El propietario de otro negocio de los alrededores también defiende que «no me molesta en absoluto, y asegura que «los problemas de convivencia se generarán precisamente porque hay gente a la cual le molesta que se instale la mezquita aquí». «La gente se comporta y hay una cosa que se llama libertad de culto, vive y deja vivir», finaliza.

Por otra parte, Juan Francisco Cervelló, propietario del Forn Cervelló, al lado también del local de la Comunidad Assalam, señala que es un tema complicado. «Creo en la integración, pero estaría bien saber quién ha financiado la mezquita y qué interpretación del Islam se enseñará», comenta Cervelló, que se pregunta si hay un gobierno de fuera detrás y si realmente será un centro formativo o de control de sus miembros. El panadero defiende finalmente que «tienen todo el derecho y es legal, se tiene que convivir» y reconoce que, «si es un centro cultural, para desarrollarse, mejor, así no estarán por la calle delinquiendo».