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Urbanismo

Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona perfilan instrumentos transitorios ante la anulación del POUM

Calvet dice que la suspensión del planeamiento es una «oportunidad» para poner al día conceptos que se querían revisar

Imatge de l'empresa CLH, ubicada al Polígon Francolí, on el consistori vol construir habitatges, equipaments i zones verdes.

Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona perfilan instrumentos transitorios ante la anulación del POUMCristina Aguilar

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La Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona ya han empezado a trabajar en el impulso de instrumentos urbanísticos transitorios con el fin de dar respuesta a la anulación del POUM del 2013 por parte del Tribunal Supremo. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha explicado que las dos administraciones analizarán, en primer término, la aplicación de estas normas provisionales que «blinden» los proyectos más adelantados y, finalmente, trabajar en una revisión «acelerada» del plan –es decir, en un nuevo POUM. Según Calvet, la decisión judicial es al mismo tiempo «una oportunidad para poner al día determinados conceptos del planeamiento suspendido que teníamos ganas de revisar, el propio Ayuntamiento y el Govern, para mejorar los actuales instrumentos urbanísticos de Tarragona».
El conseller ha garantizado al Ayuntamiento la colaboración del Governy ha señalado que «ahora tiene que haber un trabajo muy solidario, consensuado y del día a día, porque no podemos perder el tiempo». La sentencia del Tribunal Supremo hace que la ciudad vuelva a regirse por el plan general de 1995.

El caso deriva de un contencioso interpuesto por la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) delante del POUM del 2013 dado que la compañía se habría visto vertida a encontrar un nuevo emplazamiento si el planeamiento hubiera salido adelante.

La sección quinta de la sala del contencioso del Tribunal Supremo, sin embargo, ha confirmado la sentencia del TSJC que acordó anular el POUM por el hecho de que a la hora de elaborar este planeamiento se había omitido un informe previo estatal en materia de hidrocarburos que está considerado un trámite «sustancial».

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