La sentencia del Tribunal Supremo vierte al gobierno a redactar un nuevo POUM

«La anulación de todo un Plan General de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) no es una buena noticia, genera un escenario de mucha incertidumbre. Es una muy mala noticia». De esta manera se expresaba ayer el concejal de Territori del Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, ante la sentencia del Tribunal Supremo que –tal como avanzó DiariMés en la edición de ayer– anula el POUM aprobado en 2013 y obliga a la ciudad a regirse por las directrices del planeamiento de 1995.

Después de una larga comisión extraordinaria de Territori celebrada ayer por la mañana, el gobierno de Tarragona tenía claras al menos dos cuestiones: que tendrá que redactar un nuevo POUM con criterios del siglo XXI –con todo el esfuerzo y recursos que eso implica– y que todos los proyectos, planes y expedientes que están actualmente en marcha y que son posteriores a 2013 quedan paralizados. Son una excepción aquellos planes que están consolidados por actos administrativos o que están en obras –cómo es el caso del PP-10, el plan de Ten Brinke, antes el de IKEA– y las modificaciones hechas hasta 2013. Mientras tanto, Ayuntamiento y Generalitat trabajarán juntos para redactar unas normas transitorias y para sacar adelante todos los planes que se encuentran con una tramitación adelantadas.

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, explicaba que «estamos delante de un marco inesperado que afrontaremos» y que, no obstante, «tenemos un reto, pero también una oportunidad para generar un plan propio del siglo XXI, con criterios de sostenibilidad y cohesión social». Ricomà adelantó que planes urbanísticos como el de la Budellera –que prevé la construcción de 4.000 viviendas en Llevant– no responden a estos criterios y, por lo tanto, podrían quedar fuera del nuevo POUM. «Este proyecto no cohesiona, no respeta el medio ambiente», decía. Sin embargo, el ejecutivo local asegura que, para hacer frente a este trabajo ingente que supone la redacción de un nuevo POUM, tendrá que dotar de más recursos y personal su equipo de Urbanisme y no descarta la posibilidad de contratar a un gerente.

Del problema a la oportunidad

«Las consecuencias de la anulación de POUM son desproporcionadas y graves y nos genera un problema grande que tendremos que transformar en una oportunidad para tener un nuevo y mejor planeamiento», sentenciaba ayer Puig. El titular de Territoriadelantaba algunos de los proyectos que podrán salir adelante, como el PMU 14, en torno a la escuela Sant Pau, el PAZ 58 en Túria oeste o el plano parcial 1, entre otros. Se tendrán que estudiar al detalle de otros, como el del Culubret.

«La revisión del POUM es ineludible y necesario afrontarla, estamos en ello. Ahora podremos hacer que haya una ciudad más compacta y ejes comerciales más exitosos», apuntaba Puig apuntalando las palabras de Ricomà, quien aseguró que el POUM de 2013 estaba hecho con criterios anteriores a la crisis de 2008 y, por lo tanto, más propios del siglo XX que del XXI.

El nuevo POUM abrirá también la puerta a que la empresa CLH sea trasladada de su ubicación actual al margen del Río Francolí. «Tenemos que hacer un POUM al servicio de las personas y tenemos que trabajar para que la CLH encuentre una nueva ubicación y esté fueradel centro de Tarragona, para revertir los efectos de la sentencia y proteger nuestra economía,» decía Puig. «Limita el crecimiento de la ciudad y delante del río, aquel espacio podría generar sinergias muy positivas. Esta pieza molesta», añadía Ricomà.

El recurso de CLH

La Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el pasado 26 de octubre el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya contra una sentencia de la Sección Tercera de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicía de Catalunya (TSJC) –en fecha del 13 de febrero de 2018– en qué anulaba este instrumento de planificación urbanística por la omisión de un trámite que consideran sustancial. Esta sentencia consideraba que faltaba un informe de la autoridad estatal competente en materia de planificación de hidrocarburos. Días después, en concreto, el 16 de marzo el pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobaba presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo ante la sentencia que daba la razón en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en contra su traslado. Tanto el Tribunal Supremo como el TSJC consideran que falta un informe de la autoridad estatal competente en materia de planificación de hidrocarburos, en concreto, sobre el Plan de Mejora Urbana de Campsa, el 40 CLH. Este recurso se inició por el presentado por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) sobre los terrenos que tiene al lado del río Francolí.

La decisión del Tribunal Supremo fue notificada el pasado lunes, 16 de noviembre, al Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona.

Preocupación entre los grupos de la oposición por el paro urbanístico

Todos los grupos de la oposición, a excepción de la CUP, recibían el anuncio de la redacción de un nuevo POUM con preocupación, dada la complejidad que supone y la paralización de los planes urbanísticos.

El portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, hacía ayer un llamamiento al resto de formaciones a eludir intereses partidistas para encontrar una solución rápida. «Es una mala noticia y para hacer frente a esta situación todos los grupos municipales tenemos que ir a una, huir de intereses partidistas y dar apoyo a la administración para hacer posible una nueva tramitación y que la ciudad vuelva a contar lo antes posible con esta herramienta imprescindible para el desarrollo de la ciudad».

El portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuales, subrayaba la «mala fe» por parte de la empresa CLH al impugnar todo el POUM y no sólo su ámbito. «Eso puede suponer una paralización todavía mayor de Tarragona de la cual ya tenía la ciudad con un gobierno como el de Pau Ricomà y nos tenemos que plantear como solucionarlo. No podemos dejar de apuntar que ha habido una muy mala fe por parte de CLH impugnando todo el POUM, porque no era necesario en la demanda, podía haber impugnado sólo su ámbito», declaraba Viñuales.

Por su parte, el PSC describía como «grave» que el Gobierno Municipal de ERC y ECP «minimice el impacto de la sentencia que anula POUM y que al alcalde lo califique de oportunidad, cuando en realidad nos encontramos ante una crisis gravísima.» «Se está hablando de futuro cuando hay que poner todos los esfuerzos en cómo afrontar el colapso que sufriremos en medio de una grave crisis económica y con pandemia, y el primero que hace falta es comprometer a la Generalitat, corresponsable en este tema, para aprobar con urgencia normas subsidiarias que permitan evitar una parálisis total,» decía la concejala socialista Begoña Floria. El portavoz del PP, José Luis Martín, expresaba públicamente la preocupación que la anulación del POUM ha provocado en su formación. «Esperamos que el equipo de gobierno actual ponga todos los medios necesarios, económicos y humanos en el área de Territori del Ajuntament para solucionar esta situación lo más rápido posible. Por otra parte, esperamos que no se aproveche esta situación para paralizar proyectos urbanísticos importantes para esta ciudad», decía.

La CUP se desmarcaba ayer del resto de grupos y se alineaba, en parte, con el gobierno. «El hecho de que se haya ratificado la sentencia dictada en 2018 por el Supremo da una oportunidad para enmendar un planeamiento desfasado y nocivo, que responde más a los intereses de los grandes promotores inmobiliarios que a la ciudad y a sus vecinos y vecinas. Lamentamos profundamente que la revisión del POUM no sea el resultado de un debate político serioy de la evolución de las posturas que hasta ahora han mantenido a sus defensores, en el marco de un debate monográfico sobre el POUM,» expresaba el partido a través de un comunicado.