La CET inicia una recogida de firmas para reclamar el traslado de CLH

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) anunció ayer jueves el inicio de una campaña de firmas para «hacer fuera del centro de Tarragona los depósitos de CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos)», dijo su presidente, Ángel Juárez, mientras que la Cambra de Comerç, en un comunicado oficial, pidió que la tramitación del nuevo POUM sea cuanto antes mejor. El Tribunal Supremo ha dado la razón a CLH y ha suspendido el POUM de Tarragona del 2013.

Juárez manifestó en esta redacción que «hay un rechazo generalizado de las instalaciones de CLH en el polígono Francolí, porque es inaudito que en el centro de la ciudad haya depósitos de gas, una situación que no se da en ninguna otra ciudad». El presidente de la CET también pide al Ayuntamiento que «investigue los motivos por los cuales se ha llegado a esta situación» y que «acelere al máximo la redacción de un nuevo POUM porque Tarragona no puede estar parada». Juárez comentó que «la presencia de los depósitos supone un peligro para la población y estos ya tendrían que estar fuera de la ciudad hace tiempo: no pueden continuar en el sitio donde están».

Una cuestión urgente

Por su parte, la Cambra de Comerç hizo público su posicionamiento ante la sentencia del Tribunal Supremo en un comunicado que trasladó al Ayuntamiento de Tarragona y a la Generalitat. «La Cambra no discute el contenido de la sentencia, lo asume como es debido hacer en un Estado de Derecho, a pesar de la desproporción que supone su aplicación,» dijo, y añadió que «solicitamos con urgencia al Ayuntamiento de Tarragona y a la Generalitat la máxima agilidad y transparencia en la interpretación de la normativa urbanística, vigente a partir de la sentencia, con el fin de no paralizar la ciudad». En este contexto, la Cambra de Comerç indicó que «los actores socioeconómicos pedimos una posición clara y rotunda que determine, cuanto antes mejor, bajo qué parámetros de certeza legal quedará amparada la ciudad». En el comunicado se indica que «Tarragona no se puede detener mientras se busca una solución al trámite de suspensión del planeamiento urbanístico. La paralización ante la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico o POUM significa una moderación de como mínimo cuatro años para una aprobación (el de 2013 se alargó en el tiempo hasta trece años), afectando en todos los suelos con suspensiones de licencias de entre uno o dos años, como medida previa».

Según la Cambra, la suspensión del POUM comporta «consecuencias negativas no sólo para la promoción inmobiliaria, sino también para cualquier dinámica urbana como la construcción de nuevos equipamientos como hospitales, centros deportivos o vivienda social». Las repercusiones administrativas en materia de licencias de obras y actividad «restarán atractivo en la ciudad ante posibles nuevas implantaciones o inversiones económicas, con el perjuicio que eso provocará en la creación de nuevos puestos de trabajo o en la generación de recursos para las arcas públicas».

En el comunicado, la Cambrarecordó que «el actual modelo de ciudad, surgido del POUM del 2013, fue aprobado por mayoría absoluta de todos los grupos políticos municipales representados en el Ayuntamiento, incluso los que ahora tienen responsabilidades de gobierno, y ratificado por la Generalitat de Catalunya». El ente añadió que «la sentencia no señala que el POUM actual sufra incorrecciones o injusticias urbanísticas. Sólo plantea un defecto de forma en su tramitación, lo cual consideramos que reafirma la petición de la Cambra de Comerç en este posicionamiento ante un hecho puntual del planteamiento que no tendría que significar la paralización del POUM del 2013».