Industria química
El nuevo Plaseqta se activará sin necesidad que la empresa afectada haya informado del accidente
El Homrani adelanta que la jueza del 'Caso IQOXE' ha pedido un nuevo informe pericial sobre la explosión
Tanto Sàmper como Ferrer han respondido a preguntas de los diputados sobre el nuevo Plaseqta, que tiene que sustituir el Plaseqcat, vigente en Tarragona en el momento de la explosión en la empresa IQOXE el pasado 14 de enero y que causó tres muertos. Ferrer ha apuntado que la principal diferencia entre los planes es que el Plaseqcat «no se activaba hasta que no llegaba la información por parte de la empresa». Un aspecto que en el caso del 14 de enero fue trascendente, ya que la sala del CECAT no tuvo información hasta 50 minutos después de la explosión, hecho que retrasó la respuesta y generó contradicciones en los avisos en la población.
«Amb el Plaseqta, la emergencia se activará sin tener información del tipo de accidente, y cuando se tenga, después se modularán los recursos», ha concretado. En su opinión, se trata de una «diferencia fundamental» y que tendría que tranquilizar la población. Y ha concretado: «Si volviera a pasar un accidente como el de IQOXE los recursos se activarían de inmediato, sólo saber que ha habido una explosión».
Documento en fase adelantada
Sàmper ha explicado que el nuevo Plaseqta estará integrado por 29 municipios y afectará a unas 368.000 personas y 52 establecimientos industriales. Estará compuesto por un comité técnico, presidido por el director de los servicios territoriales de Interior en Tarragona; y por un consejo asesor, encabezado por el delegado del Gobierno. Además, prevé la creación de un grupo de trabajo de la comisión de Protección Civil, formado por los departamentos de la Generalitat implicados, los ayuntamientos, empresas y la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Diferentes grupos del Parlamenthan criticado que no haya presencia de los trabajadores ni de los sindicatos.
El plan inicialmente presentado febrero había previsto un plazo de seis meses para hacer una evaluación e implementar cambios. Con la pandemia los tiempos han cambiado y se han alargado hasta este jueves, 26 de noviembre. El conseller de Interior ha apuntado que ya se ha hecho una primera revisión, en la cual se han incorporado cambios derivados de enmiendas presentadas por la AEQT. «Los incidentes en principio no comportarían la puesta en marcha del Plaseqta, pero históricamente se han producido incidentes que por su dimensión han generado alarma social y se han añadido al plan», ha indicado.
En las modificaciones también se ha precisado en qué casos se requerirá la información sobre sensores químicos de las empresas, así como otros datos que permitan evaluar la existencia de un riesgo para la población. En cambio, enmiendas presentadas por diferentes municipios durante las reuniones que se han hecho en los últimos meses, se incorporarían en una próxima revisión del Plaseqta.
Los sensores y el dinero
La presencia y el uso de sensores químicos ha sido motivo de debate a la comisión. Sàmper ha apuntado que entre 2020 y 2021 harían falta 800.000 euros por perimetrar todo el polígono químico sur con sensores que permitan conocer qué sustancias se emiten a la atmósfera en caso de accidente químico y si suponen un peligro para la población. Además, entre 2022 y 2023 harían falta 440.000 euros más por perimetrar el polígono norte. En estos, hay que añadir 315.000 euros anuales para contratar a seis técnicos de guardia en la sala del CECAT de Tarragona.
El conseller ha reconocido que el dinero que hace falta para este año, no son. «Los recursos son el punto débil del plan», ha comentado inicialmente. Y al final de la comparecencia ha añadido: «Si se quiere dar una respuesta eficaz a la emergencia no sirven los buenos planes si no hay una dotación económica oportuna». Ante las quejas de todos los grupos parlamentarios, Sàmper se ha comprometido a «elevar una queja al Gobierno para ver si se puede hacer una reordenación de preferencias presupuestarias», que permitiría crear una partida para comprar sensores.
Por otra parte, el responsable de Interior ha indicado que se ha hecho un estudio de las acciones de difusión e información a la población donde se prevé «una estrategia innovadora en las escuelas» a través de un 'Escape Room' virtual. Varios diputados han valorado positivamente la propuesta pero han echado de menos propuestas para informar la población adulta de los barrios y municipios próximos al polígono petroquímico. Un aspecto que, precisamente, las asociaciones de vecinos reclamaron hace unas semanas a la misma comisión.
Sirenas y municipios
La directora general también ha explicado el proceso de activación de las sirenas de aviso a la población en caso de accidente químico. «Habitualmente las activa el CECAT, pero se pueden activar desde los municipios. Pero no lo pueden hacer de manera independiente, primero lo tienen que comunicar al CECAT». Y ha añadido que, en caso de que el CECAT decida activarlas, antes tiene que anunciarlo a los ayuntamientos.
También sobre las responsabilidades de los entes locales, Ferrer ha apuntado que de los 29 municipios incluidos en el Plaseqta, sólo dos todavía no han presentado un plan de emergencias municipal. «Están trabajando», ha asegurado.
Por otra parte, Ferrer ha reconocido que la Dirección General de Protección Civil tiene «diferentes Planes de Autoprotección para aprobar» de empresas químicas de Tarragona, «entre ellos los de IQOXE». Sin embargo, en el caso concreto del siniestro, ha reiterado que la compañía «hizo un incumplimiento grave». Por todo ello, la asesoría jurídica del organismo está estudiando si sancionará la química.
Novedades de Treball
Quien también estudia sancionar IQOXE es el Departamentde Treball. Su máximo responsable, Chakir El Homrani, ha explicado a la comisión que inspección de trabajo está actuando coordinadamente con el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, que investiga el siniestro. «Sin la inspección de trabajo no se podrán aclarar las causas del accidente», ha aseverado.
Paralelamente, del Departamentestá redactando el expediente de la explosión, que «tendrá en cuenta los informes periciales y las testificales». «El objetivo es saber si hay responsabilidad empresarial por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales», ha indicado. Y ha añadido: «El expediente tiene un papel importante en la investigación del accidente. No queremos cerrar la carpeta, queremos dictaminar qué causas son plausibles y cuáles son las responsabilidades del accidente». Hay que recordar que Treball está personado en la causa judicial como acusación popular.
Con todo, El Homrani ha informado sobre las actuaciones de inspección de trabajo en IQOXE en los últimos años. Según ha detallado, entre 2018 y 2019 se generaron ocho órdenes de servicio, de las cuales tres «eran denuncias por elementos de relaciones laborales». Entre enero y octubre de este año la cifra de órdenes de servicio se ha elevado hasta las 35, de las cuales dieciséis han sido denuncias –ocho por prevención de riesgos laborales y ocho por problemas con las relaciones laborales. Para el conseller «hay una parte lógica» porque «cuando hay un accidente, se generan nuevas situaciones de riesgo».
A nivel de todo el sector petroquímico de Tarragona, el conseller ha afirmado que el año pasado se hicieron 165 actuaciones, y hasta octubre de este año se han hecho 186. Así pues, las de IQOXE suponen casi un 19% del total. De hecho, El Homrani ha afirmado que es «una empresa que siempre acaba generando problemas» cuando la administración le hace requerimientos, y «eso hace que haya más órdenes de servicio». Sin embargo, ha celebrado que «en el último mes ha habido un cambio» y ahora IQOXE «empieza a ser más colaborativa».
A raíz del siniestro, desde Treball se han impulsado diferentes reuniones de la Comisión de Salud Laboral del complejo petroquímico, que tiene una propuesta de acuerdo encima de la mesa, que el conseller querría cerrar «antes de acabar el año». Además, se ha constituido un servicio de prevención mancomunado «para coordinar situaciones que afectan a varias empresas». Uno de los objetivos es que las empresas subcontratadas cumplan «unos estándares mínimos de calidad» en prevención y condiciones laborales de los trabajadores. Un aspecto que el Departamento ha desarrollado conjuntamente con el AEQT y una asociación de empresas subcontratadas.