Sociedad
El PSC de Tarragona critica que se otorgara «a dedo» un estudio sobre LGTBIQfobias
Los socialistas lamentan que esta diagnosis se adjudicara a la número 9 de las listas de Carla Aguilar (ECP)
lesbianas, gais, LGTBI
El PSC de Tarragona exige al Ayuntamiento que haga pública una diagnosis sobre la percepción de las LGTBIQfobias presentada en septiembre de 2019 y que, aparte, aclare por qué se adjudicó «de forma directa», la contratación de una persona para dar forma a la mencionada diagnosis. Curiosamente, una de las dos personas a las cuales se adjudicó el estudio, era Elisa Alegre, número 9 de las listas que encabezada la concejala Carla Aguilar (en Comú Podem).
La concejalía de Feniminsmo y LGTBIQ+ formalizó la petición ofrecida con el objetivo de llevar a cabo un estudio de la diagnosis sobre la percepción tanto de la ciudadanía como del personal municipal sobre las LGTBIQfobiasen los ámbitos del empleo y seguridad en el municipio de Tarragona.
El objetivo de este estudio era el de «seguir trabajando el ámbito de la seguridad y del empleo desde una perspectiva feminista interseccional, teniendo como base el informe de la diagnosis sobre la percepción de las LGTBIQfobias en los dos ámbitos antes mencionados, presentado el año 2019,» según relata el PSC en una carta firmada por la concejala Begoña Floria.
La petición de oferta, del 4 de junio del 2020, fijaba el importe del estudio en 6.000 euros más IVA, un contrato menor. En estos casos, formalmente no es ilegal no sacarlo a concurso, aunque «se tiene que justificar la urgencia del contrato», apuntan otras fuentes socialistas a Diari Més. El contrato, lamenta Florecía en el escrito, «no fue publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento» ya que, en este caso, se habría podido presentar «cualquier empresa o entidad interesada».
Una contratación
El segundo punto en que se basa el escrito de Floria está en una contratación posterior a que se realizó con motivo del mismo informe. Según detalla Floria en el requerimiento, el 7 de julio del 2020 el expediente incorporó un informe justificativo donde se especificaba la necesidad de contratar a una persona para implementar las medidas a desarrollar según el informe. O sea, que alguien tenía que poner en marcha determinadas acciones sobre la diagnosis que se realizó inicialmente.
Floria lamenta que esta contratación no se realizara mediante las «vías habituales» y, en su escrito, detalla el informe firmado por la concejala Carla Aguilar y el jefe del Servicio de Ciudadanía. «Aunque se detalla que se tienen que especificar en el perfil del contratante las peticiones de oferta de contratos de servicio de carácter intelectual, el órgano de contratación considera en este caso la conveniencia de contratar a la misma persona que ha elaborado la diagnosis con el equipo que esta designe, y aconseja no seguir esta instrucción, con respecto a la publicación de la petición de oferta al perfil del contratante, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 131.3 de la Ley 9/2017 de contratos del Servicio Público», reza el informe de Aguilar y de la cabeza|cabo|jefe del Servicio.
«A dedo»
El PSC se queja de que «el contrato se adjudicó de forma directa en el mismo equipo que llevó a cabo la diagnosis», una situación que, todo y que no ser ilegal, no es «la mejor forma de hacer las cosas, ya que se hizo en dedo,» tal como afirman fuentes socialistas.
«El PSC pidió la información de este contrato con fecha de 9 de septiembre, y el gobierno tenía que dar respuesta a la solicitud en 5 días hábiles», lamenta Floria, añadiendo que «desde el grupo se ha tenido que reclamar hasta cinco veces la información, elevando la petición a la Secretaría General. Finalmente fue entregada el 14 de octubre a pesar de que incompleta, a falta de un informe. Una vez reclamado, el documento fue entregado con fecha de 9 de noviembre. En definitiva, tuvimos acceso al expediente cumplido dos meses després, fuera de toda lógica».
Aparte, Floria lamenta que «la diagnosis del 2019 todavía no está colgada en la web municipal», por|para lo que realiza tres reclamaciones. La primera, que la mencionada diagnosis sea accesible en la web municipal.
La segunda, documentos sobre la «contradicción entre la petición de oferta del 4 de junio donde se decía que se tenía que publicitar el contrato y la concurrencia de lo mismo y el informe donde se determina la adjudicación directa». Y la tercera, quién modificó el criterio de concurrencia.
