El Ayuntamiento de Tarragona insiste en la legalidad de las licencias de patinetes

El Ayuntamiento de Tarragona insiste en la legalidad en el otorgamiento de licencias de patinetes a las tres empresas que en las próximas semanas empezarán a operar en la ciudad después de que ayer la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) instara en el consistorio a mejorar la transparencia para evitar «discriminar operadores».

Según la ACCO, el procedimiento utilizado por el consistorio «no habría sido lo bastante respetuoso con los principios de una buena regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia, en especial los principios de transparencia e igualdad y no discriminación». Según el organismo se tendría que haber hecho un concurso público abierto a cualquier operador y no autorizar tres operadores directamente, como habría hechola corporación local.

Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que se está valorando el escrito de Competencia, remarcó que todas las acciones realizadas se ajustan a la legalidad e insta a la ACCO a reunirse con el equipo de gobierno para intercambiar argumentos legales. El ente municipal ha otorgado estas licencias con la elaboración de un convenio con cada compañía. Desde un primer momento, el concejal de Mobilitat, Xavi Puig, defendió que el consistorio permitiría que entraran a operar en la ciudad todas aquellas empresas de alquiler de patinetes interesadas, siempre que cumplieran con las diversas condiciones impuestas por el Ayuntamiento. Entre otros, había la de comprar e instalar los aparcamientos de patinetes que también podrían utilizar patinetes y bicicletas privadas. Además, se modificó la Ordenanza de Convivencia para regular el uso de estos vehículos de movilidad personal con el fin de poder convivir con los peatones.

El ACCO requirió información al consistorio para analizar, desde la perspectiva de competencia, el otorgamiento de las licencias. El Ayuntamiento ha autorizado tres operadores, con 500 patinetes cada uno, y está tramitando el permiso a uncuarto. El hecho de no haber hecho un concurso público, para Competencia, «ha producido una ruptura de la neutralidad competitiva del mercado dado que no todos los operadores se han podido situar en un mismo plano de igualdad».

«Este hecho es especialmente nocivo, si se tiene en cuenta que los primeros operadores en acceder a un mercado hasta ahora inexistente, como es el caso objeto de este documento, se sitúan en una situación de ventaja competitiva respecto de aquellos otros operadores que no han podido acceder a lo mismo a pesar de su interés», apunta la ACCO.