Piden hasta 6 años y medio de prisión a cinco detenidos por los disturbios de octubre de 2019 en Tarragona

Los hechos que son objeto de acusación pasaron el 17 de octubre de 2019. Fiscalia apunta que hacia las nueve de la noche un millar de personas se reunieron delante de la subdelegación del gobierno español en Tarragona y cortaron al tráfico la plaza Imperial Tarraco. Hacia las diez y media, varias personas de este grupo de manifestantes, «en el que se integraban los acusados», empezaron a insultar a los agentes, lanzarles piedras, botellas de vidrio y otros objetos contundentes.

La fiscalía añade que actuaron «amparados en el grupo con el ánimo de alterar gravemente la paz pública y de impedir el legítimo ejercicio de la autoridad de los agentes de policía». Según la acusación pública, los dos acusados que acabaron en prisión también participaron de esta conducta y, además, dice que llevaban prendas de ropa que les tapaban gran parte de la cara con la intención de que no los pudieran identificar.

Como también se produjeron disturbios en las calles adyacentes a la plaza, señala al fiscal, los agentes dispersaron a las personas congregadas -incluidos los acusados- los cuales «se dirigieron simultáneamente en grupos a diferentes puntos de la ciudad con el propósito de alterar gravemente la paz pública y perturbar la tranquilidad ciudadana, causar daños en todo el mobiliario urbano que pudieran -principalmente contenedores-, así como acometer a los agentes».

Lanzamientos de piedras contra la policía

El escrito relata que el primer acusado llevaba buena parte de la cara tapada y se dirigió con una veintena de personas no identificadas a la Rambla Nova, donde movió contenedores para formar barricadas en medio de la calzada, y les prendió fuego. Al menos uno quedó completamente calcinado. Posteriormente, la fiscalía apunta que ante la llegada de varias furgonetas policiales huyeron hacia la calle Soler.

Allí, en la esquina con la calle Gasòmetre, sostiene que dos mossos de paisano se identificaron como tales y que el acusado y sus acompañantes cogieron piedras de unos sacos de escombros próximos y los lanzaron contra los agentes. Los policías se encontraban a unos cinco metros pero las pudieron esquivar. Los agentes detuvieron en la calle Doctor Zamenhoff al acusado, a quien encontraron un mechero en su poder.

La fiscalía le pide penas que suman 6 años y medio de prisión. En concreto, 2 años y tres meses por un delito de desórdenes públicos, 2 años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y 2 años y tres meses por un delito de daños mediante incendio, además de una indemnización de 3.040 euros al concesionario de la basura , FCC, por el contenedor quemado.

Según Fiscalia, el segundo acusado llevaba un pasamontañas y encendió fuego a un contenedor que había colocado a modo de barricada en una de las calles adyacentes a la plaza Imperial Tarraco. Tanto él como las otras personas que lo acompañaban huyeron cuando llegó la policía, pero unos agentes lo detuvieron en la avenida de Prat de la Riba. Afronta 4 años y medio por desórdenes y daños mediante incendio, y el pago de 3.040 euros de indemnización por el contenedor quemado.

Al tercer procesado la fiscalía lo acusa de haber lanzado piedras a los policías que lo perseguían a él y a otras personas por la calle Pere Martell después de montar una barricada. Un policía se lesionó al salir precipitadamente del vehículo para iniciar la persecución, apunta. Cuando lo detuvieron, en Vidal iBarraquer, le encontraron cuatro piedras y un mechero. Afronta 4 años y medio de prisión por desórdenes, atentado y daños mediante incendio en tentativa, ya que el fuego no causó daños.

Acusados de liderar un grupo de manifestantes

Finalmente, a la cuarta y al quinto procesado -que pasaron más de un mes en prisión preventiva- se los acusa de hacer «tareas de dirección y dinamización», coordinando los actos de un grupo de encapuchados. El escrito de acusación apunta que a la altura de la estación de autobuses prepararon una barricada en medio de Pere Martell, y que volcaron algunos contenedores para quemar el contenido y que lanzaron cartones encendidos. Sin embargo, no se calcinó ninguno.

Acto seguido, añade la fiscalía, siguieron avanzando hacia Ramón iCajal, donde el procesado, «mediante instrucciones a los otros», lideró la creación de una barricada con contenedores sobre los que iniciaron fuego, si bien finalmente tampoco quemó ninguno. Simultáneamente, agentes de paisano de la policía nacional pillaron y detuvieron a la procesada porprender fuego a papeles y cartones que había dentro de una papelera.

Según la policía, la chica se resistió activamente tirándose al suelo y dando puntadas y moviendo los brazos mientras les decía: «hijos de puta, hijos de puta, soltadme, soy estudiante de Derecho, no he hecho nada, cabrones, sabréis lo que es bueno». Además, según la acusación, llamaba a las personas que laacompañaban para que laayudaran y evitaran la detención.

Policías nacionales temieron por su integridad

La fiscalía detalla que los policías se desplazaron con la acusada inmovilizada por la calle Jaume I hasta la Tarraco Arena Plaça y que allí «los rodeó un tumulto de afines a la acusada que, a pesar de las órdenes de los agentes, amenazaban con agredirlos si no la soltaban, provocando que los agentes temieran por su integridad».

Entre estas personas, apunta el ministerio público, había el acusado, el cual, para reforzar la «ya de por si intensa intimidación sobre los policías», cogió una piedra y se acercó a un agente con actitud «amenazante». Ante eso, para evitar una agresión a la vista de la violenta conducta demostrada durante la noche, otros policías de paisano lo detuvieron.

Visto el ambiente «extremadamente hostil e intimidante», y ante el inicio de un lanzamiento de objetos por parte de los concentrados «que preludiaba un evidente ataque a su integridad física» los agentes tuvieron que refugiarse con los detenidos en un portal de la plaza Josep Roig i Raventós. Entonces, otros individuos lanzaron piedras en el portal, ocasionando daños, y los policías «sólo pudieron salir cuando acudieron a su auxilio refuerzos policiales que dispersaron a los atacantes».

Los dos procesados afrontan una petición de 5 años y 11 meses de prisión. En concreto, la fiscalía les pide 3 años por desórdenes públicos, 2 años por atentado contra agentes de la autoridad y 11 meses por un delito continuado de daños mediante incendio en grado de tentativa. El concesionario de la basura también reclama los contenedores que quedaron inutilizados. El caso se juzgará en los próximos meses en la Audiencia de Tarragona.